Con la firma del Decreto 812/26, de fecha 7 de mayo, el Gobernador procedió a la aplicar la sanción de exoneración al agente Nemesio Ortega, quien se desempeñaba como enfermero en el Hospital Regional de Ushuaia, y fue condenado por conductas tipificadas como delito de defraudación contra la Administración Pública en concurso ideal con falsificación y uso de instrumento privado falso.
El Decreto lleva la firma del gobernador Gustavo Melella y de la ministra de Salud, Judit Di Giglio y pone fin a un largo proceso administrativo, que comenzó en el año 2018, cuando fue confirmada la sentencia contra el agente público, a quien se le aplicó la condena de 2 años y dos meses de prisión en suspenso y la inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de empleo público.
En la sentencia condenatoria, se detalla que Nemesio Ortega, al tiempo de la comisión del hecho, en el mes de junio de 2007, prestaba servicios en el Sanatorio San Jorge y en el Hospital Regional Ushuaia, confeccionó y presentó un certificado médico apócrifo a fin de justificar inasistencias a su lugar de trabajo los días 3 y 4 de junio de 2007, logrando mediante dicho ardid, una percepción salarial no debida y ocasionando con ello un perjuicio patrimonial al Estado Provincial.
En función de los elementos probatorios aludidos, se consideró probada la idoneidad del engaño a partir de la confección y uso de un certificado médico apócrifo, para luego ser presentado a fin de justificar sus inasistencias para finalmente, percibir una remuneración por un trabajo no realizado.
Cabe indicar que además de Ortega, en la causa caratulada “Aballay, Gabriela Nancy y otros s/ Estafa a la Administración Pública en concurso ideal con falsificación de documento privado”; el Tribunal de Juicio de Ushuaia, aplicó las siguientes condenas:
-Nancy Gabriela Aballay a cumplir la pena de 2 años y dos meses de prisión en suspenso, e inhabilitación especial por un año para el ejercicio de la enfermería.
-Natalia Beatriz Sánchez, a cumplir la pena de 2 años y dos meses de prisión en suspenso, costas e inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de empleo público.
