La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia no hizo lugar al recurso de apelación de la Fundación Argentina Azul y confirmó la resolución de la Juez Federal de Río Grande, Mariel Borruto, que había rechazado una medida cautelar presentada por para impedir la navegación del buque de bandera chilena, presuntamente destinado a brindar apoyo logístico al proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas.
La Fundación solicitó la medida cautelar, subrayando que las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration tendrían previsto iniciar en el año 2027 tareas de perforación en el yacimiento denominado “Sea Lion”, y que para ello se habría contratado al buque M/V DANSTAR, de bandera chilena, a fin de instaurar una línea regular de abastecimiento entre Punta Arenas (República de Chile) y Puerto Argentino, atravesando el Estrecho de Magallanes y el mar territorial argentino.
En su escrito, los Camaristas Javier M. Leal de Ibarra y Aldo E. Suárez; criticaron que los amparistas no resultan claros en sus argumentos ya que “a lo largo de sus distintas presentaciones, el recurrente ha modificado, tanto el objeto que conformaba su pretensión, como los argumentos que la sustentan”.
Los Magistrados puntualizan que la decisión que se procura obtener posee implicancias de suma gravedad y “es que el Poder Judicial ordene a las Fuerzas Armadas y de Seguridad impedir la navegación de un buque mercante de pabellón extranjero por espacios marítimos en los que confluyen el régimen de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Ley 24.543)”.
También señalan que afectarían los compromisos asumidos por la República en el Tratado de Paz y Amistad celebrado con la República de Chile (Ley 23.172), cuyo articulo 10 dispone que la República Argentina “se obliga a mantener, en cualquier tiempo y circunstancias, el derecho de los buques de todas las banderas a navegar en forma expedita y sin obstáculos a través de sus aguas jurisdiccionales hacia y desde el Estrecho de Magallanes”.
Señalan que hacer lugar a la medida cautelar “importaría forzar al Estado Argentino a adoptar una medida de implicancias diplomáticas concretas, asumiendo la potestad de dirigir -al menos transitoriamente- la política exterior de la República Argentina y el comando de las Fuerzas Armadas; funciones que han sido atribuidas por la Constitución Nacional al Poder Ejecutivo”.
En otro punto de la resolución, los camaristas señalaron que “acceder a lo pretendido sin sustento fáctico alguno y en el marco de una medida cautelar dictada sin contradictorio, supondría por parte del Poder Judicial de la Nación, asumir el ejercicio de funciones diplomáticas y de relaciones exteriores que no le competen, con evidente afectación del interés público y con efectos que difícilmente podrían revertirse”.
