El Municipio de Río Grande decidió avanzar institucionalmente en la causa judicial que busca frenar las actividades hidrocarburíferas desarrolladas sin autorización argentina en Malvinas y se presentó como parte interesada ante el Juzgado Federal de esta ciudad.
La decisión fue anunciada por el intendente Martín Pérez, quien informó que la presentación se realizó a través de la Asesoría Letrada municipal dentro del expediente promovido por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA).
“Río Grande se presentó ante la Justicia contra las petroleras que operan ilegalmente en Malvinas”, expresó Martín Pérez a través de sus redes sociales.
La intervención municipal representa un nuevo paso dentro de una causa que adquirió particular trascendencia esta semana, luego de que el Juez Federal de Río Grande, Dra. Mariel Borruto, declarara la competencia de su tribunal y reconociera la jurisdicción internacional de la Justicia argentina para intervenir frente a las empresas extranjeras demandadas.
Martín Pérez explicó que la presentación judicial encuentra sustento en las obligaciones institucionales establecidas por la Carta Orgánica Municipal.
“Nuestra Carta Orgánica, en sus artículos 16, 18, 21 inciso 6, 24 inciso 1 y 61, nos da un mandato concreto para defender nuestro ambiente, nuestros recursos naturales y nuestra soberanía”, sostuvo.
“Río Grande no puede ser indiferente frente a la explotación ilegal de nuestros recursos en el Atlántico Sur”, afirmó el Intendente.
La posición mantiene la línea expresada por Martín Pérez apenas conocida la resolución de Borruto. En aquella oportunidad había considerado el pronunciamiento judicial como “un paso concreto y serio para afirmar la soberanía Argentina y defender nuestros recursos de la explotación ilegal de los ocupantes”, y había sintetizado su postura con la expresión: “Este es el camino”.
La acción judicial fue promovida contra Rockhopper Exploration plc y Navitas Petroleum Development and Production Limited (NPDP), compañías vinculadas con el desarrollo del proyecto hidrocarburífero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.
El planteo del CECIM La Plata y los abogados ambientalistas busca prevenir un eventual daño ambiental y soberano y solicita, entre otras medidas, impedir el inicio o la continuidad de perforaciones, obras submarinas e infraestructura relacionada con el proyecto.
Conferencia de prensa
En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Gastón Díaz; el asesor Legal y Técnico del Municipio, Sebastián Tessei; y la licenciada en Ciencias Ambientales, Gabriela Lucero, explicaron los alcances de la intervención y los fundamentos ambientales y soberanos de la acción.
La incorporación del Municipio a la causa se realiza en cumplimiento del mandato establecido por la Carta Orgánica Municipal, cuyos artículos 16, 18, 21 inciso 6, 24 inciso 1 y 61 establecen un marco concreto para la defensa del ambiente, los recursos naturales y la soberanía.
La causa plantea una acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva frente a la explotación hidrocarburífera proyectada en las Islas Malvinas y busca que la Justicia intervenga ante los posibles impactos derivados de esta actividad.
En ese marco, la presentación municipal sostiene que la eventual explotación petrolera en el área no sólo implica riesgos para el ecosistema marino del Atlántico Sur, sino que también involucra recursos naturales y una cuestión vinculada directamente con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.
Río Grande no puede ser indiferente frente a la explotación ilegal de los recursos naturales argentinos en el Atlántico Sur. La defensa del ambiente, de los recursos estratégicos y de la soberanía constituye una responsabilidad que la ciudad asume también desde el ámbito judicial.
Defender Malvinas también es actuar. La presentación ante la Justicia constituye una nueva acción concreta de Río Grande en defensa de los intereses argentinos y reafirma el compromiso de la ciudad de estar presente en todos los ámbitos donde sea necesario para defender la soberanía nacional.
De esta manera, Río Grande suma una acción judicial concreta a su histórica política de defensa de la soberanía argentina sobre Malvinas, incorporando además la dimensión ambiental como parte de esa reivindicación.
