El juez Sergio Pepe, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Ushuaia, resolvió el procesamiento de once personas vinculadas a una seguidilla de delitos contra la propiedad ocurridos entre noviembre de 2025 y abril de 2026. El caso involucró a más de quince personas y más de 20 hechos que sucedieron en distintos puntos de la ciudad.
En su resolución, el juez resolvió que cuatro de los imputados sigan en la cárcel, al convertir su detención en prisión preventiva en base a factores como la reiteración de delitos, el riesgo de fuga o de entorpecer la investigación.
Otras siete personas fueron excarcelados, pero bajo cumplimiento de estricta reglas de conducta, controles policiales y embargos para garantizar el desarrollo del proceso.
En tanto, existe uno que está prófugo, por lo que fue declarado rebelde y se libró una orden de captura, la que fue comunicada a todas las fuerzas de seguridad, para su localización e inmediata detención.
La resolución también incluyó el sobreseimiento (total o parcial) de algunas personas en aquellos hechos donde no se alcanzó el nivel de prueba necesario para sostener la acusación.
El juez Pepe destacó el trabajo de la Policía Provincial, que fue clave para avanzar en la causa y, de esa forma, resolver la situación procesal de este grupo de individuos, dedicados a la delincuencia.
Algunos antecedentes
Los hechos incluyeron robos, hurtos, daños, violaciones de domicilio y encubrimiento, principalmente en la zona céntrica y áreas cercanas. Los delitos afectaron a comercios, obras en construcción, escuelas, iglesias, viviendas particulares y bienes en la vía pública.
Entre lo sustraído se registraron dinero en efectivo, mercadería, herramientas, computadoras, teléfonos celulares y hasta un vehículo. También hubo daños en puertas, ventanas, cámaras de seguridad y sistemas de cierre.
La investigación permitió establecer que no se trató de hechos aislados, sino de una serie de episodios vinculados entre sí. El juzgado identificó un mismo modo de operar: los hechos ocurrían de noche o en horarios de poca circulación, se utilizaba fuerza para ingresar a los lugares y las personas involucradas cumplían roles definidos, como vigilancia o apoyo. Luego, los objetos robados eran ocultados en inmuebles abandonados o precarios.
Además, se determinó que varios de los imputados se conocían entre sí y actuaban de manera coordinada, alternando funciones según el caso.
La investigación incluyó análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, reconstrucciones de recorridos, informes técnicos, peritajes de huellas, secuestro de elementos robados y detenciones en flagrancia. También se realizaron tareas de identificación a partir de características físicas y vestimenta.
