Mediante Acordada 125/2026, los jueces del Superior Tribunal de Justicia dejaron sin efecto la obligatoriedad de mantener los expedientes de las causas, cosidos y debidamente foliados y, en su reemplazo, deberán ser conservadas de manera cronológicas, para permitir su digitalización.
La medida modifica la Acordada 120, vigente desde el año 1994, cuando se aprobó el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial, cuyo artículo 122 dispone que los expedientes deben ser cosidos y foliados, además de establecer los datos que deben consignarse en su carátula.
De esta manera, después de transcurridos 32 largos años, se procede a dar un paso necesario para la modernización en los Tribunales, con el objetivo de avanzar en la digitalización de los expedientes.
A partir de ahora, con la nueva reglamentación aprobada por el Superior Tribunal, de Justicia, los expedientes en soporte papel deberán mantenerse ordenados cronológicamente. Sus actuaciones se conservarán en carpetas, biblioratos, cajas u otros contenedores adecuados, según su volumen y características, de modo que se aseguren su identificación, integridad, custodia, conservación, consulta y eventual digitalización.
No será necesario coser las actuaciones, sin perjuicio de la numeración o identificación que genere el sistema de gestión judicial.
La Acordada aclara que aquellos expedientes que ya se encuentren cosidos o foliados conservarán su actual organización, salvo que deban ser acondicionados para su digitalización u otra necesidad funcional.
En los fundamentos de la medida adoptada, los jueces tienen en cuenta que “los procesos de modernización y digitalización de las actuaciones judiciales hacen conveniente actualizar las reglas aplicables a la organización material de los expedientes en soporte papel, suprimiendo formalidades que no resultan necesarias para asegurar su adecuada conservación y que requieren ser revertidas al momento de su digitalización”.
“La modificación propuesta permite simplificar las tareas de organización documental y adecuarlas al proceso de transformación digital que atraviesa este Poder Judicial, sin afectar las condiciones necesarias para la seguridad, conservación y disponibilidad de las actuaciones”, puntualizan los fundamentos de la Acordada.
