El Senado de la Nación realizó este jueves una sesión ordinaria, presidida por la vicepresidente de la Nación y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel. Al inicio de la misma y a pedido de la senadora Patricia Bullrich (LLA), el cuerpo votó y aprobó retirar del temario el proyecto de transferencia del inmueble al Club Deportivo y Social Villa Los Coihues, de Bariloche, con el objetivo de continuar su tratamiento durante una semana.
A continuación, el pleno aprobó el tratamiento con preferencia, con o sin dictamen, del proyecto de ley sobre prevención de la ludopatía y otras adicciones con media sanción de Diputados, para la sesión del próximo 26 de noviembre. La moción obtuvo 70 votos afirmativos, ningún voto negativo y ninguna abstención. Así como también, con 48 votos afirmativos y 20 negativos, el cuerpo aprobó tratar en la próxima sesión, la prórroga por un año, a partir del 1º enero de 2027, del Estatuto del Periodista Profesional y las iniciativas contra el bullying en las escuelas.
Seguidamente, se convirtió en Ley el Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La iniciativa, votada por unanimidad con 71 votos, establece un régimen permanente en materia de discapacidad, en reemplazo de la actual emergencia, con el objetivo de garantizar la continuidad de las prestaciones previstas en la Ley 24.901 y brindar previsibilidad a beneficiarios y prestadores. La iniciativa también introduce modificaciones en los requisitos de acceso a las pensiones no contributivas, contempla su compatibilidad con el empleo formal bajo determinadas condiciones y establece un sistema de auditorías periódicas. En calidad de miembro informante, el senador Agustín Monteverde (LLA) sostuvo que la propuesta “genera un régimen permanente en reemplazo de la emergencia, con reglas estables” y aclaró que “no entraña absolutamente ningún recorte”.
En relación con los mecanismos de control, explicó que se garantizará a los beneficiarios la notificación fehaciente y un plazo para efectuar los descargos correspondientes ante eventuales irregularidades detectadas en las auditorías. Además, precisó que la suspensión preventiva sólo podrá aplicarse una vez vencido ese plazo y que estará contemplada la posibilidad de una rehabilitación provisoria. Respecto del financiamiento, indicó que los gastos se imputarán al Ministerio de Salud y, de resultar insuficientes los recursos, a la jurisdicción 91 que corresponde a una cláusula estándar utilizada en leyes y decretos del Presupuesto Nacional para garantizar el financiamiento de gastos extraordinarios o compromisos específicos. Finalmente, afirmó que “nadie va a quedar sin cobertura y sin ser escuchado” y destacó que el proyecto busca asegurar la sostenibilidad fiscal y un alcance federal. Por último, solicitó el acompañamiento de sus pares para evitar un vacío legal a partir del 1° de enero de 2027.
Por su parte, la senadora Alicia Kirchner (Justicialista) agradeció a los legisladores que acompañaron el dictamen con 25 firmas, aunque advirtió que la iniciativa presenta aspectos pendientes de revisión y observaciones por realizar. En ese sentido, señaló que “toda ley es perfectible” y que será necesario realizar nuevos aportes para mejorarla. Asimismo, remarcó que “ninguna sanción legislativa reconstruye los derechos que fueron vulnerados” y consideró que, si bien la aprobación representa “una respuesta muy importante”, constituye apenas un punto de partida y no una solución definitiva.
A su turno, el senador Guillermo Andrada (Convicción Federal) explicó las diferencias entre los dos tipos de pensiones contemplados en el artículo 5 y precisó que “una es la pensión por discapacidad a la protección social y otra es la pensión por invalidez”. Al respecto, señaló que mientras la primera establece una limitación laboral a través del Certificado Único de Discapacidad, la segunda impide que la persona pueda trabajar. Finalmente, aclaró que la aprobación de la iniciativa “no significa que le vamos a resolver el 100% a la gente” y sostuvo que su voto positivo también representa un reconocimiento a quienes lucharon para que el proyecto llegara al recinto.
Por parte del bloque de la UCR, el senador Maximiliano Abad (UCR) advirtió que, una vez sancionada la ley, “el gran desafío que tenemos es la operatividad de todo esto” y remarcó la importancia de garantizar “cómo estas políticas públicas llegan al territorio”. En ese sentido, planteó la necesidad de asegurar los fondos y su ejecución, que “los prestadores cobren a tiempo” y que “las familias no necesiten ir a la Justicia para garantizar un tratamiento”. Finalmente, citó un mensaje del papa León, quien días atrás recordó que “el progreso de un país debe medirse por cómo ese país cuida y protege a las personas con discapacidad”, y sostuvo que “nosotros debemos hacernos cargo de ese mensaje”.
Al tomar la palabra, el senador Martín Goerling Lara (PRO) manifestó su acompañamiento al proyecto y describió las dificultades cotidianas que atraviesan las familias de personas con discapacidad. En ese sentido, señaló que “la dignidad de una persona con discapacidad y la tranquilidad de su familia no pueden vivir atadas a una emergencia que vence el 31 de diciembre” y remarcó que “la esperanza no puede tener fecha de vencimiento”. Asimismo, se refirió a la situación de su provincia, Misiones, y expuso datos de distintos municipios sobre pensiones que, según indicó, fueron otorgadas de manera irregular y las auditorías realizadas. Finalmente, consideró que la sanción definitiva de la iniciativa representa “un punto de inflexión”, porque permitirá “poner orden y fin a esas injusticias”.





