El Senado de la Nación aprobó diversos proyectos, entre ellos el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), el Mercado Voluntario de Carbono y la reforma de la Ley de Salud Mental. Asimismo, el pleno acompañó iniciativas vinculadas con el uso de pictogramas, la educación emocional y la transferencia de un inmueble ubicado en Puerto Madryn.
El cuerpo legislativo abordó el proyecto que introduce modificaciones a la Ley de Salud Mental, el cual resultó aprobado con 42 votos afirmativos y 21 negativos. La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), propone reformas principalmente en los procedimientos de internación, la definición del concepto de «riesgo cierto e inminente para sí o para terceros» y el rol del psiquiatra dentro de los equipos interdisciplinarios, entre otros cambios.
La miembro informante, senadora Ivanna Arrascaeta (LLA), agradeció la participación de especialistas, familiares de pacientes, dirigentes sociales, médicos y otros actores durante el tratamiento en comisiones. “Su participación está reflejada en la medida que hoy ponemos a consideración”, expresó. Asimismo, destacó los aportes de los ministros de Salud provinciales, quienes, según señaló, “enriquecieron la propuesta”. En referencia a la Ley de Salud Mental vigente, sancionada en 2010, la senadora sostuvo que “quedó desactualizada e insuficiente”. En ese sentido, señaló que, desde su sanción, se produjeron cambios significativos en el contexto social y sanitario, entre ellos la pandemia y el impacto de los entornos digitales en los jóvenes. Finalmente, resumió el objetivo de la iniciativa como la necesidad de “poder llegar a tiempo a lo que hoy reclama la realidad de la salud mental”.
A su turno, la senadora Belén Monte de Oca (LLA) sostuvo que “para entender el espíritu de esta reforma, primero hay que comprender que la salud mental es una realidad cotidiana para miles de familias que hoy se encuentran desamparadas”. Al referirse al marco normativo vigente que el proyecto busca modificar, cuestionó que: “Ató de manos a muchísimos profesionales, abandonó a pacientes en sus momentos de mayor vulnerabilidad y confundió libertad con abandono”.
Más tarde, hizo uso de la palabra el senador Maximiliano Abad (UCR), quien consideró que “la ley que estamos debatiendo mejoró muchísimo con respecto al proyecto original”. En ese sentido, destacó que se hayan corregido aspectos vinculados con la defensa de las incumbencias profesionales de la psicología. No obstante, señaló que mantiene “diferencias profundas con los artículos 23 y 24”, al cuestionar que permiten la permanencia de los hospitales monovalentes, “cambiarles el nombre no cambia lo que son: manicomios”, afirmó. Asimismo, sostuvo que “la respuesta eficiente es la red comunitaria y la internación en los hospitales polivalentes”. Por ese motivo, manifestó su acompañamiento en general al proyecto, aunque anticipó su voto negativo a los artículos mencionados.
Por su parte, la senadora Lucía Corpacci (Justicialista) manifestó que “nadie discute que tenemos un serio problema de salud mental y queda claro por las estadísticas que se vienen incrementando las consultas e internaciones”. Sin embargo, Corpacci se mostró en contra de cambiar la ley vigente y propuso “dotarla de las herramientas económicas necesarias para que pueda ser eficiente”. También cuestionó que el proyecto no hubiera sido consensuado con los referentes provinciales de Salud Mental, pese a lo señalado por la secretaría del área durante su presentación en plenaria. Según afirmó, “el proyecto se trabajó a espaldas de esos referentes”. Tras enumerar otras diferencias respecto de los criterios y conceptos incorporados en la propuesta, y cuestionar los “recortes presupuestarios y el desmantelamiento” de áreas por parte del Gobierno nacional, Corpacci enfatizó que el principal problema radica en la falta de recursos: “Esto no funciona porque no hay presupuesto”.
Otros asuntos
El cuerpo otorgó media sanción al proyecto de ley que crea el Régimen de Incentivo para las Inversiones Relevantes (RIIR), con 60 votos afirmativos y 2 negativos. La iniciativa busca promover inversiones nacionales y extranjeras de al menos 12 millones de dólares destinadas a nuevas actividades productivas. Entre sus principales medidas, contempla beneficios fiscales, la devolución de créditos fiscales del IVA y estabilidad normativa tributaria por 30 años, además de establecer requisitos de inversión y contratación de proveedores nacionales. Al respecto, el senador Eduardo Vischi (UCR), miembro informante del proyecto, destacó que RIIR promueve actividades con impacto en todo el país. En ese sentido, sostuvo que se trata de “un incentivo para la producción real: para la maquinaria, la mano de obra y el trabajo, no para la especulación financiera, que está terminantemente prohibida”. Asimismo, aclaró que el régimen “no condona ni rebaja impuestos, sino que pretende acelerar las inversiones”.
La sesión continuó con el tratamiento del proyecto de ley sobre el marco regulatorio del mercado del carbono, que obtuvo media sanción con 60 votos afirmativos y 2 negativos. La miembro informante, senadora Nadia Márquez (LLA), destacó que la iniciativa surgió de la unificación de tres proyectos presentados y sostuvo que “abre a la Argentina a un nuevo campo de exportación”. La iniciativa establece un marco nacional para el registro, la regulación y la comercialización de créditos de carbono provenientes de iniciativas desarrolladas en el país. Asimismo, crea el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), establece criterios de transparencia y trazabilidad y contempla un régimen de estabilidad fiscal por diez años para los proyectos registrados.
Por último, la Cámara alta aprobó tres proyectos de ley vinculados con la accesibilidad, la administración de inmuebles públicos y la educación emocional y serán remitidos a la Cámara de Diputados para su tratamiento. La primera iniciativa establece la obligatoriedad de que los establecimientos gastronómicos cuenten con cartas en formato papel o digital adaptadas con pictogramas, con el objetivo de facilitar la accesibilidad comunicacional y la comprensión de la información. La segunda modifica la Ley 27.623, referida a la transferencia gratuita de un inmueble del Estado nacional a la Municipalidad de Puerto Madryn, provincia del Chubut. Entre sus principales disposiciones, amplía los destinos permitidos para los terrenos, incorpora a las personas jurídicas entre los posibles adquirentes y extiende de seis a diez años el plazo mínimo para su venta o alquiler. Finalmente, el cuerpo aprobó una iniciativa que propone modificar la Ley de Educación Nacional 26.206 para incorporar la educación emocional entre los objetivos de los niveles inicial, primario y secundario, promoviendo herramientas que permitan a los estudiantes identificar, comprender, procesar y expresar sus emociones de manera saludable.
Prensa Senado de la Nación.
