La disputa por la reforma de la Constitución en Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo de alto voltaje político. Luego de que la Legislatura provincial aprobara la derogación de la ley que habilitaba el proceso constituyente en una extensa y controvertida sesión, el gobernador Gustavo Melella confirmará en las próximas horas que vetará la medida -por considerarla inconstitucional- y sostendrá el proceso eleccionario.
La decisión legislativa, adoptada en la madrugada del 1° de mayo tras horas de debate interrumpido y negociaciones cruzadas, dejó sin efecto una norma sancionada en 2023 por el mismo cuerpo. El giro no solo sorprendió por su timing, sino también por el impacto institucional: abrió una disputa directa entre poderes del Estado en un proceso que ya se encontraba en marcha.
Desde el Ejecutivo sostienen que la convocatoria a elecciones constituyentes -prevista para el 9 de agosto- mantiene plena vigencia.
Recuerdan que el proceso ya fue validado judicialmente y que, una vez activado, no puede ser desarticulado por una decisión posterior del Poder Legislativo. En esa línea, especialistas en derecho constitucional coinciden en que la ley que habilita una reforma “cumple su función al poner en marcha el proceso” y pierde capacidad de ser modificada una vez que el cronograma electoral está en curso.
En contraste, sectores opositores defienden la potestad de la Legislatura para revisar sus propias decisiones y justifican la derogación como una corrección política frente a un escenario que, aseguran, cambió desde la aprobación original. La votación reflejó un reordenamiento de fuerzas: con 11 votos a favor, bloques diversos -incluidos sectores del justicialismo, espacios libertarios y fuerzas provinciales-, avanzaron contra la iniciativa oficialista, que quedó en minoría.
Detrás del debate jurídico subyace una disputa política más profunda. Las tensiones entre el gobierno provincial y actores clave del escenario local, particularmente en Ushuaia y Río Grande, reconfiguraron alianzas y dejaron al descubierto una puja por el control del rumbo institucional. En ese contexto, la reforma constitucional aparece tanto como un proyecto de transformación como un campo de batalla entre liderazgos enfrentados.
El oficialismo, por su parte, insiste en que los cambios propuestos buscaban actualizar el sistema político provincial. Entre ellos, se incluían límites a la reelección indefinida de legisladores, eliminación de cargos vitalicios y la introducción de medidas orientadas a la transparencia y la modernización del Estado. Para el Ejecutivo, frenar la reforma implica sostener estructuras que consideran obsoletas.
Uno de los puntos que más inquieta a los analistas es el carácter inédito del conflicto: Nunca antes, señalan, se intentó interrumpir un proceso electoral constituyente ya convocado y en marcha en más de una instancia. Primero fue la judicialización que alteró el cronograma; ahora, una decisión legislativa que busca anularlo. Esta superposición de acciones coloca al caso en un terreno excepcional dentro del sistema institucional argentino.
Con el veto anunciado, el escenario permanece abierto. La Legislatura podría insistir en su postura, lo que escalaría el conflicto hacia una definición judicial. En ese marco, la resolución no solo determinará el futuro de la reforma, sino también los límites entre los poderes del Estado en un proceso que ya tensiona al máximo la arquitectura institucional de la provincia.
