Mediante Acordada 693/26, el Consejo de la Magistratura hizo una ampliación de los fundamentos para insistir en la propuesta presentada en su momento, al Superior Tribunal de Justicia, para que sea la doctora María Elena Guerrero la postulante designada para el cargo de Juez de Primera Instancia de Familia y Minoridad en Ushuaia.
La insistencia fue por unanimidad de los integrantes del Consejo: La jueza Edith Miriam Cristiano (Presidenta del organismo); el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre; el Ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals; los legisladores Victoria Vuoto y Jorge Lechman; y los abogados Alejandro Pagano Zavalía y Horacio Castelli.
En la ampliación de la Acordada 674/26, por la cual se propuso a la doctora Guerrero para el cargo; los consejeros señalan que “las competencias personales y profesionales evidenciada por Guerrero durante la entrevista personal. La postulante expuso con claridad y solvencia una propuesta de gestión orientada al fortalecimiento del servicio de justicia, demostrando capacidad de planificación, visión estratégica y conocimiento de los desafíos propios del órgano jurisdiccional cuya cobertura se procura”.
Señalan que “en el examen escrito se valoró especialmente la solidez de conocimientos jurídicos acreditados, la adecuada fundamentación de las respuesta brindadas y la correcta aplicación de la normativa y los principios jurídicos pertinentes, aspectos que reflejan una preparación técnica acorde con las exigencias del cargo concursado”.
Para proponer a la doctora María Elena Guerrero para el cargo, “se tuvo en cuenta su extensa trayectoria en el ejercicio de la profesión, desarrollada durante más de trece años, específicamente en el fuero de familia lo que constituye una experiencia de peso cualitativo singular, representando partes en conflicto de alta carga humana y emocional, interviniendo en procesos donde están en juego vínculos filiales, regímenes de cuidado, alimentos, violencia domestica y protección de personas en situación de vulnerabilidad”.
Los consejeros consideran que “la trayectoria acreditada por la postulante evidencia no solo solvencia técnica y conocimiento especializado de la materia, sino también las aptitudes de sensibilidad, prudencia y criterio practico que resultan indispensables para el adecuado desempeño de la función jurisdiccional en el ámbito del derecho de familia, lo que resulta determinante a los fines de evaluar su idoneidad para el cargo”.
