La medida da amplia facultades al Ministro de Obras Públicas y al presidente del IPV, para hacer compras y contrataciones directas por montos de entre 5 y 10 millones de pesos. Se declara la emergencia habitacional y de infraestructura edilicia.
Mediante el decreto 1081/17, fue promulgada la ley provincial 1152, la que está vigente desde el 3 de mayo y tiene una duración de doce meses, contados a partir de esa fecha, con posibilidad de ser prorrogada por otro período igual, ya que mediante la herramienta legal el Ejecutivo queda facultado a extender la emergencia un año, con un informe a la Legislatura que justifique la decisión.
La ley declara la emergencia habitacional y de infraestructura edilicia y equipamiento comunitario, por el plazo de 12 meses, para garantizar la inmediata ejecución de las obras tendientes a responder a la demanda habitacional en las ciudades de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.
La nueva ley permite la contratación directa hasta un monto máximo de 5 millones de pesos y licitación privada hasta un monto de 10 millones de pesos, otorgando plena facultad al ministro de Obras Públicas, Luis Vázquez y al presidente del IPV, Luis Cárdenas; para autorizar esas operaciones.
En la normativa también se contempla garantizar la plena capacidad y funcionalidad de los edificios públicos en actividad y la pronta incorporación de nueva infraestructura edilicia y/o de equipamiento comunitario.
El Ministerio de Obras Públicas queda obligado a fijar un plan de trabajo con pautas para la reparación, refacción y/o reacondicionamiento de los edificios que no cuenten con una infraestructura acorde a su funcionalidad y proyectar las obras nuevas necesarias destinadas tanto al funcionamiento de organismos públicos, como a la satisfacción de las necesidades vinculadas al cumplimiento de sus misiones y funciones.
