“Reforma no solamente significa incrementar los tributos”, aclaró el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), Oscar Bahamonde, al detallar el proyecto de ley de modificación del Código Fiscal y la Ley Tarifaria Provincial, que conforma el paquete de Leyes que envío el gobernador Gustavo Melella a la Legislatura.
Bahamonde dijo que la iniciativa no solo contempla aspectos recaudatorios, sino que se estructura en tres ejes fundamentales orientados a la seguridad jurídica y la modernización de las comunicaciones con los contribuyentes.
El proyecto presentado busca en primer lugar reforzar la seguridad jurídica, precisando conceptos, hechos imponibles y bases de imposición para evitar interpretaciones disímiles que generan fiscalizaciones en la aplicación de las normas tributarias.
El funcionario explicó que de los 22 artículos que componen la iniciativa, aproximadamente 20 están destinados a corregir y actualizar la redacción del Código Fiscal, adaptándolo a la evolución de las actividades económicas, financieras y tecnológicas.
Uno de los puntos destacados es la consolidación del domicilio fiscal electrónico como herramienta central de comunicación, notificación y gestión. “Vamos a comenzar a funcionar con la Comisión Arbitral para el intercambio de las comunicaciones con los contribuyentes. Este es el último canal digital que nos faltaba para terminar de completar el ciclo”, señaló Bahamonde, haciendo referencia al cambio de paradigma de un organismo netamente de papel y presencial a una era digital donde los trámites y pagos se realizan desde plataformas electrónicas.
En materia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el proyecto que integra el paquete de leyes presentado por el Ejecutivo provincial a la Legislatura, introduce adecuaciones para reflejar la capacidad contributiva real, particularmente en actividades financieras y en prestaciones de servicios que durante años gozaron de alícuotas reducidas.
“Estamos modificando un 20 o 25% de los códigos de actividades que puedan tener alguna diferencia con los topes establecidos por el consenso fiscal. En la mitad de esos, el movimiento es de medio punto porcentual”, detalló Bahamonde, quien remarcó que la medida no afecta al comercio minorista, sino que está orientada principalmente a la intermediación financiera y a ciertos servicios que se encontraban en una situación de menor carga tributaria en comparación con las actividades de comercialización.
“Todo el mundo sabe que generar ingresos brutos dependiendo de las actividades está entre el 4 y el 5%, sobre todo las actividades de venta. Hay algún sector que durante muchos años tuvo alícuotas reducidas y, en función del contexto actual, lo que se busca es esa equidad entre las prestaciones de servicios y la comercialización”, sostuvo el director ejecutivo.
Asimismo, se actualizan disposiciones del Impuesto de Sellos, adecuando alícuotas y hechos imponibles a la realidad económica con criterios de razonabilidad y equidad fiscal, adoptando parámetros utilizados en la mayoría de las provincias.
Bahamonde recordó que desde la firma del Consenso Fiscal en la gestión de Mauricio Macri, las provincias acordaron topes que luego se suspendieron, por lo que “no hay un gran margen como para moverse o salir a hacer cualquier cosa que pueda perjudicar”. Añadió que en seis años de gestión, es la primera vez que se realiza una modificación de este tipo en la jurisdicción, lo que demuestra el cuidado en la administración tributaria.
