Por pedido de la Fiscalía Federal de Río Gallegos, a cargo del fiscal federal subrogante Julio Zárate, se realizaron allanamientos y medidas precautorias por un nuevo derrame de hidrocarburos ocurrido ayer a la mañana en el muelle Presidente Arturo Illia de Punta Loyola, en el marco de un sumario penal a la empresa de combustibles por presunta infracción a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. El 3 de septiembre, la misma empresa había generado otro incidente en el mismo lugar, durante la carga de crudo a una embarcación.
Ante la solicitud de la fiscalía, el Juzgado Federal de Río Gallegos, a cargo del juez Marcelo Vázquez y con intervención de la secretaría a cargo de María Laura Lloret, inhabilitó la operativa de la terminal del muelle Arturo Presidente Illia, hasta tanto se acredite el cumplimiento de medidas de seguridad certificadas por autoridades competentes, sin perjuicio de las tareas en curso o a realizarse para remediar, reparar y contener la mancha del hidrocarburo y los incidentes ocurridos tanto ayer como el 3 de septiembre pasado.
A su vez, libró orden de allanamiento y secuestro con el objeto de proceder a la búsqueda de elementos de interés para la investigación. Además, Vázquez dispuso la realización de una inspección ocular sobre el predio de la empresa de combustibles, del muelle Presidente Illia y de la costa denominada Punta Loyola.
Por último, el juez requirió a la Universidad Tecnología Nacional la conformación de un comité con expertos en la materia “a fin de realizar un pormenorizado informe pericial, con proyección de evaluación de daños y remediación ambiental, a fin de prestar asistencia al personal de la Policía Federal Argentina”.
El derrame
El derrame, que fue informado a las 8.30 de este 18 de septiembre por personal de la Prefectura Naval Argentina, ocurrió un incidente en la bomba del tanque de sumidero, la cual se encontraba en el muelle y tenía una perdida. Eso provocó una mancha de hidrocarburo, tanto en la superficie del agua como en el muelle, de 50 metros de largo por dos de ancho aproximadamente, que fue arrastrada por el oleaje hasta el interior de la ría.
Asimismo, en el acta labrada, la Prefectura Naval (PNA) dejó asentado que la empresa de combustibles no había desplegado en tiempo las medidas de seguridad pertinentes, ello mediante las embarcaciones previstas para realizar tareas de acompañamiento y contención de la mancha, por no contar ese barco con timonel disponible que pudiera operar.
Sobre ello, la fiscalía destacó “la grave falencia de seguridad que significa no tener personal disponible para la contención (falta de tripulación para botes de raída respuesta en el lugar)” y agregó que son “extremos que claramente pueden generar un nuevo incidente ambiental”.
A pedido del MPF, el Juzgado Federal de Río Gallegos ordenó allanamientos y el secuestro de elementos para la investigación. Foto: Fiscalía Federal de Río Gallegos
El antecedente del 3 de septiembre
El 3 de septiembre, alrededor de las 19.00, el personal de la PNA informó que se había producido un derrame de alrededor de tres metros cúbicos de hidrocarburos en el muelle Punta Loyola a causa de una operatoria de la empresa imputada, sin saber específicamente el motivo o la falla que ocasionó el incidente.
A partir de allí, se activó el protocolo nacional de contingencia denominado PLANACOM. Por su parte, la fiscalía requirió ante el juez la extracción de muestras del material de hidrocarburo, depositado en las costas de Punta Loyola y se solicitó que se le ordene a la empresa que se abstenga de modificar y/o alterar el estado de los materiales que habrían originado el incidente de hidrocarburos. En igual sentido, se indicó que la embarcación que se encontraba cargando el petróleo, se abstenga a realizar cualquier maniobra hasta nueva autorización.