La Agencia Nacional de Puertos y Navegación anunció que suspendió la habilitación del puerto de Ushuaia luego de haber detectado irregularidades en el manejo de fondos, y ordenó su intervención administrativa.
“La medida se tomó como resultado de la falta de respuestas concretas ante las inspecciones efectuadas, las denuncias de vaciamiento realizadas por los trabajadores y la preocupación expresada por los representantes de las empresas navieras que allí operan”, revelaron a través de un comunicado de prensa.
La resolución, que lleva la firma del director ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Arreseygor, establece que la intervención será por el plazo de un año y se oficializará este jueves en el Boletín Oficial.
Tras conocida la medida, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, rechazó enérgicamente la intervención, denunciando que la medida constituye “un acto carente de coherencia jurídica y técnica”.
“La resolución emitida por la autoridad nacional revela una contradicción insostenible y un claro propósito de forzar una intervención administrativa sin fundamento real”, afirmó Murcia.
“En primer término, se ordena la suspensión de la habilitación del Puerto y su intervención en la gestión operativa, técnica y administrativa. Sin embargo, en su artículo 3, la misma resolución suspende la sanción de inhabilitación ‘para no afectar la operatoria portuaria’. Esta incongruencia expone la verdadera intención: no se actúa por razones de seguridad o infraestructura, sino que se utiliza la amenaza de inhabilitación como herramienta de presión para justificar una intervención arbitraria”.
Murcia destacó que, de existir verdaderas falencias edilicias o de seguridad, la medida lógica y responsable sería la inhabilitación inmediata para garantizar la integridad de las operaciones. “Pero aquí ocurre lo contrario: primero se anuncia la inhabilitación para intervenir, y una vez consumada la intervención, se vuelve a permitir la operación. Esto no es más que un artilugio legal para disfrazar una medida contra una instalación que funciona con normalidad y excelencia”.
El titular portuario remarcó que el Puerto de Ushuaia opera con total normalidad, registrando récords de recaladas y cumpliendo con los estándares internacionales más exigentes. “Las principales navieras y líneas de cruceros del mundo eligen Ushuaia porque confían en nuestros estándares de seguridad y servicio. Si hubiera riesgos reales, estas empresas no operarían aquí. La resolución nacional no solo desconoce la realidad, sino que incurre en una extorsión institucional inaceptable”.
Finalmente, Murcia confirmó que “desde la Dirección Provincial de Puertos junto con el Gobierno de la Provincia, llevaremos adelante todas las acciones administrativas y jurídicas necesarias para revertir esta medida que atenta contra la autonomía provincial y el desarrollo económico de Tierra del Fuego. No permitiremos que se utilicen falsos pretextos técnicos como cobertura para una intervención arbitraria y extorsiva”.
Razones de la medida
La intervención se inició a partir de una denuncia sindical y sectorial contra la Ley provincial 1596, a cargo del secretario general de la Unión de Personal Superior Ferroviario, Juan Avellaneda, tras la creación de un fondo para cubrir la deuda de la obra social estatal (OSEF) financiado con el superávit del Puerto de Ushuaia.
De esta forma, Avellaneda, bajo la supervisión de directores y gerentes de la agencia, estará al frente de la gestión operativa de la terminal portuaria de Tierra del Fuego.
Asimismo, desde la agencia revelaron que iniciaron inspecciones y detectaron fallas en la infraestructura portuaria: el faltante de pilotes en el sitio 3 del muelle, la presencia de defensas gastadas, problemas con el tablestacado, deficiencias en la carpeta asfáltica, así como serios compromisos en la gestión administrativa, financiera y de condiciones básicas de seguridad operativa.
Por su parte, expresaron que las fallas fueron informadas a la provincia junto al reclamo por la creación de un registro de ingresos y egresos de dinero y compras, acción que fue tercerizada a una empresa que figuraría habilitada para la venta de paraguas, termos y pelucas.
“En detrimento de la normativa vigente, que indica que el presupuesto del puerto solo puede ser usado para inversiones en sí mismo, se constató que la administración del gobierno provincial de Tierra del Fuego usó un 33% del presupuesto para subsidios de las arcas de la provincia, dejando solo un 1,3% para realizar obras y servicios que mejoren la calidad de los servicios brindados”, remarcaron.
Por último, remarcaron que Prefectura Naval asistirá a la intervención para “optimizar las condiciones de seguridad y las tareas operativas”.
