Funcionarios de la Secretaría de Comercio procedieron al secuestro de más de 50 legajos de la empresa Credisur (la financiera de los abogados Sánchez Otharán); entre los que figuran contratos y acuerdos de préstamos con afiliados de distintos sindicatos. El procedimiento duró aproximadamente dos horas y estuvo acompañado por presencia policial, quienes garantizaron la seguridad durante toda la intervención.
Con la presencia del secretario de Comercio de la Provincia Javier Calisaya, abogados del área y el cuerpo de inspectores, se realizaron inspecciones simultáneas en Ushuaia y Río Grande a la empresa CREDISUR (Lian Group SRL). Las mismas están relacionadas con la causa colectiva de un grupo de consumidores que lleva adelante la Justicia y de la que desprende la actuación de oficio del área del Gobierno de la Provincia, quienes tienen competencia en materia de lealtad comercial y defensa del consumidor.
Calisaya destacó el trabajo del personal de la Secretaría de Comercio y aseguró que “con estas medidas garantizamos un control permanente sobre las empresas de crédito que muchas veces cometen acciones abusivas en contra de los consumidores”.
El funcionario afirmó que toda la documentación obtenida en el procedimiento “fue elevada al área de Jurídicos y Legales de la Secretaría de Comercio, para determinar qué medidas o sanciones eventualmente correspondan, además de las indemnizaciones si es que fuera necesario aplicarlas”.
Desvinculación del SUTEF
En tanto, se conoció este martes que el doctor Néstor Sánchez Otharán se desvinculó como asesor letrado del gremio docente del SUTEF, al cual representó durante hechos resonantes como la toma de Casa de Gobierno y en los reclamos de este año, por la sanción del paquete de leyes, con la presentación de planteo de inconstitucionalidad.
El abogado adoptó la decisión la adoptó en medio del escándalo judicial por presuntas estafas en el manejo de una financiera que tiene con su hermano, Juan Francisco Sanchez Otharán.
La financiera Credisur está bajo sospechas de fraude y usura, por préstamos que alcanzan la suma de 132,5 millones de pesos en dos años, a 3.840 personas de Tierra del Fuego. Está acusada de ejecutar judicialmente pagarés en blanco por sumas hasta cinco veces superiores a las adeudadas, y de cobrar intereses anuales de entre el 95 por ciento y el 1400 por ciento, según el criterio que se adopte para calcularlos.
