El diputado nacional Jorge Araujo Hernández, presentó un proyecto de ley para la derogación del Decreto 252/2026, el cual introduce modificaciones sustantivas en el esquema de incentivos fiscales vigente, alterando un régimen de promoción instituido por ley y desbordando las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo Nacional.
En su articulo segundo, el proyecto instruye al Poder Ejecutivo Nacional para que, en un plazo no mayor a 90 días eleve al Honorable Congreso de la Nación un proyecto de ley que establezca un régimen de alivio fiscal de carácter general, equitativo y federal, que contemple las particularidades productivas y regionales del país, evitando la generación de asimetrías que afecten el desarrollo armónico de las jurisdicciones.
El régimen deberá contemplar, como mínimo:
a) Evaluaciones de impacto económico y fiscal con perspectiva federal.
b) Mecanismos de compensación para regiones alcanzadas por regímenes
diferenciales de promoción económica.
c) Criterios de previsibilidad y estabilidad normativa que resguarden las
inversiones existentes.
d) Instancias de participación de las provincias y de los sectores productivos
involucrados.
En los fundamentos del proyecto, el Diputado señala que el Decreto 252/2026 resulta particularmente problemático, en tanto introduce —de manera indirecta— una equiparación de condiciones que desatiende las profundas asimetrías existentes entre producir en el continente y hacerlo en un territorio insular y archipelágico.
Lejos de corregir desigualdades, dicha medida tiende a profundizarlas, generando una transferencia implícita de ventajas competitivas hacia regiones que no enfrentan las mismas restricciones estructurales.
El proyecto aclara que no nos oponemos en modo alguno a la implementación de políticas de alivio fiscal orientadas a sostener la actividad productiva en el continente. Por el contrario, reconocemos la necesidad de adoptar medidas que contribuyan a mejorar la competitividad y preservar el empleo. Sin embargo, dichas políticas deben diseñarse bajo criterios de integralidad, equidad y federalismo, evitando generar ventajas relativas que erosionen los fundamentos de otros regímenes especiales establecidos por ley.
El representante legislativo indica que toda decisión en materia fiscal debe ser evaluada en función de su impacto sobre el federalismo y la cohesión territorial. Entre las herramientas diseñadas para cumplir con este mandato reviste particular relevancia el régimen instituido por la Ley 19.640 para la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, cuyo subrégimen de promoción industrial constituye un pilar central. Lejos de tratarse de un beneficio sectorial aislado, dicho esquema configura una política de Estado típicamente encuadrada en la cláusula de progreso, orientada a garantizar la integración territorial, el arraigo poblacional y el desarrollo productivo en una región de singular importancia estratégica.
Evaluación en Gobierno
La secretaria de Industria de la provincia, Alejandra Man, llamó a “bajar el nivel de alarma” respecto al alcance que tiene el Decreto 252/2026, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional amplió el Régimen de Aduana en Factoría (RAF) a todo el territorio nacional.
Man advirtió que “en algunos medios salieron notas bastante alarmistas, en un tono que realmente genera angustia y preocupación”, y remarcó que “no está bueno llevar eso a la comunidad sin antes entender cuestiones técnicas vinculadas al alcance real del decreto”.
La funcionaria explicó que desde la Secretaría de Industria se encuentran en contacto con distintos actores del entramado productivo fueguino, “hablando con las cámaras industriales de la provincia, con AFARTE, CAFIN y la UIF, para poder medir cuál es el alcance que va a tener este decreto y cómo podría impactar en Tierra del Fuego”.
Alejandra Man aclaró que, en principio, la medida “no elimina ni reemplaza los beneficios vigentes del régimen de la Ley 19.640”, aunque “estamos con los equipos técnicos del Ministerio analizando las eventuales consecuencias negativas, si las hubiere en forma directa”.
No obstante, precisó que el Régimen de Aduana en Factoría “no es nuevo”, sino que ya existía vinculado principalmente al sector automotriz, y que el decreto lo que hace es “modificarlo y ampliarlo”, orientándolo a facilitar la producción de bienes con destino a la exportación fuera del país.
“Este régimen apunta a empresas que exportan a terceros países, no al esquema que nosotros tenemos en Tierra del Fuego, que está vinculado al mercado interno”, explicó, aunque insistió en que aún resta analizar en detalle “aspectos más finos que podrían generar alguna distorsión”.
Finalmente, la funcionaria reconoció que, en el contexto actual, “cualquier novedad se percibe como un posible ataque”, y sostuvo que “a ciencia cierta todavía no sabemos cómo va a decantar esto en la operación de la provincia”.
“En una situación ya compleja, es importante llevar claridad y evitar profundizar la preocupación sin información precisa”, insistió la funcionaria.
“Es importante explicar con precisión qué implica el régimen de RAF, porque muchas veces se lo compara de manera equivocada con el subrégimen industrial de Tierra del Fuego. El RAF permite importar insumos y materias primas para su industrialización sin abonar tributos aduaneros al momento del ingreso, pero su lógica es muy distinta a la de la Ley 19.640. Su objetivo principal es que esos insumos sean transformados y luego reexportados en un plazo determinado” dijo Man.
