Organizaciones feministas solicitaron al Juez de Instrucción, Javier De Gamas Soler, que adelante la indagatoria de Marcelo Damián Guzmán, Relator del Superior Tribunal de Justicia, acusado por su esposa de agresiones físicas y psicológicas.
Llamativamente el Juez de la causa penal recién estableció para el 27 de septiembre de este año, la indagatoria al funcionario de Justicia; en un hecho sin precedente en un caso donde existe violencia hacia una pareja y que desnuda como desde el Poder Judicial existe una vara que diferencia a un ciudadano común, que cuando una causa implica a quien ejerce un alto papel en el máximo órgano judicial de la provincia, que erosiona más la pésima imagen que la sociedad tiene de esa institución.
Otro dato que llama mucho la atención, es que el Juez De Gamas Soler resolvió en el llamado a indagatoria que la misma sea en forma virtual, para lo cual se deberán garantizar los mecanismos informáticos para poder cumplir con esa medida. Frente a esta decisión, las feministas reclamaron que la indagatoria el funcionario judicial sea de manera presencial.
El escrito presentado por las feministas, señala que “la detención preventiva es la medida que corresponderá dictar teniendo en cuenta que los hechos son denunciados por una mujer víctima de varios delitos enmarcados en la situación de violencia de género, conforme la sostenida doctrina del Superior Tribunal de Justicia, en el caso Donamaría, , y en sintonía con los altos estándares en materia de protección de derechos de mujeres víctimas de violencias, fijados por distintos estamentos internacionales”.
De igual modo, le plantearon al Tribunal la existencia de riesgo procesal por el todo el accionar del imputado abogado y funcionario con rango de Juez del máximo tribunal de Justicia de la Provincia, en una evidente y asimétrica relación de poder con relación a la víctima; poder económico, académico, sociocultural, simbólico, patriarcal, relacional, laboral, institucional; el imputado a lo largo de toda la relación marital ejerció coacciones y amenazas hacia Carla, sobre la base de sus contactos e influencias, tal lo denunciado en el video glosado como prueba y ratificado en la denuncia en el día 16.8.22, donde narró inclusive situaciones de privación ilegítima de su libertad.
En la presentación se plantea que “Carla se vio en la obligación de exponer su vida, intimidad, privacidad, la de su hijxs, de exponerse en su reputación , dignidad, solo para prevenir un femicidio, y filmó ese relato, porque cuando luego de haberlo denunciado ante las autoridades correspondientes, aún con el dictado de una orden de restricción, Guzmán, siendo abogado y alto funcionario judicial, violó la restricción en más de oportunidad, abusando del poder que tiene, e incumpliendo deberes propios de su función, y en conocimiento que ni siquiera ella contaba con patrocinio legal alguno”.
Finalmente, expresaron preocupación por la revictimización que ella manifiesta en actos procesales posteriores a la denuncia, en la realización de peritajes, entre otros.
El escrito lleva la firma de la Agrupación feminista Las Rojas, Ammura, Asociación Civil Fueguina de Profesionales Psicología, Asociación Civil Unión por los DDHH, Asociación de Cosmetología Estética Masajes y afines, Campaña Regional por el Aborto TdF, Colegio de Farmacéuticos Ushuaia, Colegio de Farmacéuticos Río Grande, Colegio Profesional de Trabajo Social de la Provincia de Tierra del Fuego AeIaS, Concejal Javier Calisaya, Concejala Laly Mora, CTA Autónoma provincial, Periodistas con perspectiva de Género, SEJUP – Sindicato de Empleados Judiciales de la Provincia de Tierra del Fuego, SUTEF, Sindicato Nodocente APUN-UNTDF, junto a decenas de organizaciones y mujeres firmantes en carácter individual.
