El Superior Tribunal de Justicia ingresó a la Legislatura un nuevo proyecto de Presupuesto para el año 2025, con una importante reducción en los salarios de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial, en comparación con el presentado en agosto.
El proyecto original fue establecido mediante acordada 105/24 el 21 de agosto pasado y remitido a la Legislatura en tiempo y forma por un monto total de 99.568.857.238.
Sin embargo, el 16 de octubre, el Superior Tribunal remitió a la Legislatura una nueva acordada bajo el número 125/24, con un nuevo cálculo presupuestario para el año 2025, por un total de 91.216034.010, destacándose una importante reducción en el gasto de personal, de casi 8.353 millones de pesos.
La acordada, señala que el ajuste se realizó luego de que se conocieran las pautas macro fiscales fijadas por el Gobierno Nacional en el presupuesto enviado al Congreso que sirvieron de base a la formulación del presupuesto 2025 y que, “en línea con lo anterior, las estimaciones que sustentaron el proyecto original de presupuesto, deben adecuarse”.
De esta manera, el proyecto definitivo ingresado a la Legislatura que se encuentra en trámite parlamentario, estima un costo anual de 30.877.363.338 pesos para el pago de salarios a 385 Magistrados y Funcionarios y 21.109.766.552 pesos para 515 empleados y soporte administrativo del Poder Judicial. En tanto, se fijó una suma de 2.181.630.523 para el pago de salarios a 69 personas que prestan servicios generales. Estos montos, sumados a los aportes patronales y otros, suma un total para todo 2025, de 78.033.123.934.
Según indica la acordada 125/24, en 2025 “se contempla igual planta de personal que la proyectada originalmente para 2024 con 49 nuevas vacantes respecto de 2023 para reforzar estructuras funcionales de las áreas jurisdiccionales que más aumento de casos registraron en los últimos años”.
“Específicamente se prevén las plantas necesarias para consolidar los equipos de las fiscalías especializadas de violencia de género e intrafamiliar de ambos distritos judiciales, así como un refuerzo de las plantas de la dirección pericial, Ministerio Público de la Defensa y los juzgados de Familia y Minoridad, contravencionales y de ejecución de sentencias. También la plena puesta en funcionamiento de los Juzgados Civil y Comercial 3 y Familia y Minoridad 3, ambos de Río Grande”.
En tanto, se fijó una inversión de 3.870.326.326 pesos para obra pública destinada a mejorar la infraestructura edilicia para asegurar continuidad a la prestación del servicio
“Se estiman los recursos necesarios para continuar con los trabajos de interconexión por fibra óptica y telefonía digital; armado de salas de video audiencias y preparación de espacios para profundizar la oralidad en lo jurisdiccional”, reza la acordada.
Y agrega que “Dentro de las obras públicas previstas se incluyen accesibilidad en todos los edificios del poder judicial con rampas de acceso y adecuación de aberturas; refacción y ampliación de espacio del Ministerio Público Fiscal en el Distrito judicial norte para alojar a las unidades especializadas en violencia de género e intrafamiliar”.
Además se incluye la construcción del espacio para alojar al Juzgado Civil y Comercial N°3 del Distrito Judicial Norte, el laboratorio de análisis toxicológicos y la edificación de la necesaria unidad tanatológica judicial del Distrito judicial sur, “dando respuesta a problemáticas de años”.