El intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, y la secretaria de Gobierno, Paula Cejas, fueron formalmente imputados en una causa penal que se tramita ante el Juzgado Multifueros de la ciudad de Tolhuin, la que es impulsada por el Ministerio Público Fiscal, que pidió la indagatoria de ambos.
Harrington y Cejas fueron denunciados en dos causas: Una por presunta violación de domicilio y abuso de autoridad; y otra, por hostigamiento laboral hacia una agente de la Municipalidad, la que estaba en el cargo de Recursos Humanos. Además, se le imputa haber modificado la estructura administrativa, sin el aval del Concejo Deliberante.
En uno de los hechos, la acusación contra Harrington y Cejas señala que ambos consintieron que se proceda al ingreso, sin orden judicial, a una vivienda privada por parte de funcionarios municipales ubicada en calle Santiago Rapatini, dentro del ejido de Tolhuin.
Según consta en la denuncia, la vivienda, propiedad de un vecino ausente por razones de salud, fue ingresada sin orden judicial ni autorización válida, en un accionar que habría contado con aval o conocimiento de autoridades del Ejecutivo municipal.
El ingreso a la vivienda se habría ejecutado sin haber respetado las garantías constitucionales ni se informó a las autoridades judiciales competentes, lo cual podría configurar un delito de violación de domicilio o abuso de autoridad.
El otro hecho, surge de una denuncia presentada por Andrea Verónica González Valle, exdirectora de Recursos Humanos del Municipio de Tolhuin, quien acusa a Harrington y a Cejas de haber ejercido presiones indebidas, hostigamiento laboral, desplazamiento forzado de funciones y persecución institucional durante su paso por la gestión.
Según el escrito de la querella, la exfuncionaria fue víctima de decisiones arbitrarias que afectaron su desempeño laboral y vulneraron principios básicos de administración pública, entre ellos el debido proceso interno, la igualdad de trato y la transparencia institucional.
También se denuncia el uso discrecional de mecanismos administrativos para modificar la estructura de personal, sin los respaldos normativos correspondientes.
