El 10 de septiembre vence el plazo para los interesados en postular para ser Juez de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Río Grande y para cubrir una vacante en el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Río Grande. Así lo establece el edicto formalizado por el Consejo de la Magistratura, el cual ya fue publicado en el Boletín Oficial.
La apertura del concurso ocurre en momentos que el Superior Tribunal de Justicia impulsa una reforma al reglamento actual para los concursos para ser juez. Los integrantes del Consejo, por mayoría, decidieron seguir adelante con el proceso, más allá de lo que suceda con esa iniciativa.
El concurso para la Cámara de Apelaciones será para el reemplazo del juez Julian De Martino, que renunció por haber accedido a su beneficio jubilatorio. Su dimisión ocurrirá en diciembre. En el caso del Tribunal de Juicio, a fin de mes el juez Juan José Varela dejará la vocalía que ocupa.
Los interesados deberán ser argentinos, contar con al menos ocho años en ejercicio de la ciudadanía, tener 30 años de edad como mínimo y acreditar cinco años de ejercicio de la profesión de abogado.
Los antecedentes profesionales y académicos deberán ser respaldados mediante certificados, documentación original o copias debidamente certificadas. Se advirtió que no serán considerados aquellos antecedentes que no estén acreditados de manera fehaciente al momento de la inscripción.
El proceso podrá iniciarse por correo electrónico mediante la cuenta oficial del Consejo de la Magistratura. La documentación podrá completarse posteriormente por vía postal o mediante presentación personal en la sede del Consejo de la Magistratura, ubicada en avenida Leandro N. Alem 2320 Ushuaia.
Quienes opten por concurrir personalmente deberán solicitar previamente un turno telefónico, de lunes a viernes, entre las 9 y las 12, al (02901) 437-080.
Los concursos incluirán una entrevista personal y una evaluación escrita. Ambas instancias podrán desarrollarse de manera presencial o remota, de acuerdo con la modalidad que determine el Consejo de la Magistratura.
Una vez transcurridos seis meses desde el cierre de la convocatoria, la documentación presentada que no haya sido retirada por los interesados será destruida.
