Por primera vez el Tribunal de Juicio llevó adelante una audiencia para sellar un acuerdo de partes, en las que un empresario condenado se comprometió a hacerse cargo de la escrituración de las tierras que estuvieron en litigio.
Héctor Alejandro Loggio, empresario condenado por intentar desbaratar los derechos de chacareros de la margen sur; llegó a un acuerdo con los damnificados que permitirá que éstos puedan obtener la escrituración de las tierras que estuvieron en litigio.
En el acuerdo se determinó que los gastos notariales y honorarios vinculados al trámite serán afrontados por Loggio.
Cabe destacar que el Tribunal de Juicio en lo Criminal llevó adelante una audiencia con las partes, con el objetivo de garantizar el entendimiento y cumplimiento del acuerdo alcanzado; en un hecho que sucede por primera vez en ésta ciudad. En representación del empresario, estuvo presente su abogado, el doctor Francisco Ibarra.
La audiencia fue presidida por el Juez Juan José Varela, con asistencia de la doctora María Eliana Nocioni. Allí se resolvió que, en un plazo de 10 días hábiles, el condenado deberá facilitar los medios necesarios para que los damnificados puedan concretar la escrituración.
Antecedentes del caso
En diciembre de 2024, Héctor Alejandro Loggio fue condenado a la pena de 2 años de prisión en suspenso, luego de ser hallado responsable del delito de desbaratamiento de derechos acordados. La condena llegó después de 14 años de lucha legal.
El caso comenzó a mediados de la década del 2000, cuando Loggio, desde Buenos Aires, adquirió un loteo de 100 hectáreas en la margen sur de Río Grande, en un sector donde se encontraban tierras de trabajadores rurales con décadas de antigüedad.
Las tierras estaban en manos de chacareros que contaban con boletos de compra ante la Sociedad de Productores, y cuyos derechos databan de las décadas de los 80 y 90. Sin embargo, Loggio, con la colaboración de la escribana Weiss Jurado, intentó escriturar esas tierras en 2010 y, posteriormente, despojar a los legítimos ocupantes.
A pesar de que varios fiscales desestimaron el caso a lo largo de los años, la causa cobró impulso gracias a la acción de los chacareros, quienes decidieron actuar por su cuenta con un abogado particular, Adrián Areco. El esfuerzo de esta querella particular resultó en una sentencia condenatoria que, aunque no llegó a los seis años de prisión solicitados; marcó un hito en la lucha por los derechos de los trabajadores rurales.
El Tribunal de Juicio compuesto por el juez Juan José Varela, y las juezas María Rosa Santana y Natalia Buitrago; reconoció en su fallo el intento de Loggio de desbaratar los derechos de los chacareros, una forma de defraudación que pone en evidencia la manipulación de documentos y la intención de despojar a los habitantes históricos de la zona de sus tierras.
