A través de un comunicado de prensa del organismo y con el objetivo de llevar claridad y evitar la confusión a la ciudadanía de la provincia de Tierra del Fuego, el Director de la ANSES aclaró: “Las provincias que no transfirieron sus cajas tienen la potestad de administrarlas como mejor crean conveniente”; con lo cual desmintió la intención del Gobierno Nacional de querer avanzar en una “armonización” de la caja jubilatoria que maneja el IPAUSS.
El comunicado señala que frente a interpretaciones sesgadas e incorrectas sobre las declaraciones del Director Ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio, durante su última visita al Desarrollo Urbanístico PROCREAR en la provincia de Córdoba, la ANSES informa que en sus dichos no se refirió a la situación de la caja del Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS).
En primer lugar, es importante destacar que en aquellas provincias que no transfirieron sus Cajas Previsionales a la Nación, como es el caso de Tierra del Fuego, son las jurisdicciones locales las que tienen facultades para fijar las pautas y administrar el sistema de Seguridad Social.
De esta manera, es la Provincia de Tierra del Fuego fija los haberes y la forma de financiamiento de su sistema previsional. La Nación no puede de forma unilateral exigir un proceso de armonización a ninguna de las 13 provincias que optaron por no transferir sus cajas (Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego).
En segundo lugar, en aquellos casos en los que hubiera diferencias sobre la aplicación del régimen previsional entre un Estado provincial y el Estado Nacional, se debe resolver la situación en forma amistosa a nivel político. Es importante aclarar que la intervención del Estado Nacional es siempre a instancia de los Estados provinciales. Siempre deben priorizarse las negociaciones tendientes a arribar a un acuerdo, evitando la judicialización del proceso.
En tercer lugar, en el caso de que el entendimiento no fuera posible, la diferencia se debe resolver por vía judicial, en respeto estricto del régimen federal. En el caso de la provincia de Córdoba, se trata de un juicio en curso iniciado por dicha provincia en contra de la Nación por una cuestión puntual (cumplimiento de un convenio) que está siendo objeto de análisis por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
