Este miércoles se realizará el acto de toma de juramento de María Elena Guerrero, la nueva jueza de Familia y Minoridad Nº 1, de Ushuaia; la que quedará en el recuerdo como el caso que activó la necesidad de establecer consensos comunes entre el Superior Tribunal de Justicia y el Consejo de la Magistratura, para trabajar un proyecto de reglamento de concursos que permita establecer parámetros objetivos para la selección.
De esta forma, no será un acto más el que se realice este miércoles 5 de agosto, a las 14:00 horas, en la Sala de Audiencias “Elena Rubio de Mingorance”, ubicada en el Palacio de Justicia.
Será todo un hecho trascendente la jura de la doctora Guerrero, frente a uno de los que Ministros que objetó su selección y trató de torcer lo decidido por el Consejo de la Magistratura, al entender que en el proceso de selección advirtieron la ausencia de elementos objetivos que permitan conocer la evaluación que se hizo de la candidata.
Cabe indicar que la doctora Guerrero fue designada por el Superior Tribunal de Justicia mediante la Acordada 70/2026; tras la insistencia de los consejeros que la seleccionaron. En esa decisión, se recordó lo que los Ministros de la Corte escribieron en la Acordada 24/2026, donde no prestaron su acuerdo para la designación de la nueva Jueza de Familia.
En esa acordada no se buscaba cuestionar la elección efectuada por el Consejo de la Magistratura, sino exigir fundamentos de sus decisiones en aras del principio republicano de gobierno. Dicho con otras palabras, nunca se puso en discusión o debate que quien se encarga de seleccionar, elegir y luego proponer resulta ser exclusivamente el Consejo, solo que, al momento de hacerlo, frente a la orfandad de datos objetivos, contando únicamente con los antecedentes curriculares de los candidatos debía explicarse razonablemente la decisión.
Los integrantes del Superior Tribunal aclararon que “el rechazo de la propuesta no respondió a un cuestionamiento a la honorabilidad, capacidad profesional o condiciones personales de María Elena Guerrero, como no podía ser interpretado de otra manera, ni importó una sustitución de los criterios de mérito utilizados por el Consejo de la Magistratura para arribar a su decisión”.
Además subrayaron que “la preocupación institucional” expresada por el Superior Tribunal estuvo exclusivamente “vinculada con la insuficiente fundamentación de la propuesta elevada y con la ausencia de elementos que permitieran comprender adecuadamente las razones por las cuales la postulante había resultado preferida frente a otras que exhibían objetivamente mayores antecedentes académicos y una trayectoria funcional más directamente vinculada con el cargo concursado”.
