La Sala Penal de la Cámara de Apelaciones resolvió rechazar el pedido de recusación que presentaron los abogados Maximiliano Palladino y Francisco Ibarra contra la jueza Cecilia Cataldo, en el marco de la causa que investiga los graves hechos ocurridos el pasado 9 de mayo en la Unidad de Detención, en la que resultaron gravemente heridos los presos Jonathan Gastón Burgoa, su hijo Maxi Burgoa y Pedro Jesús Flores.
El doctor Maximiliano Palladino, en contacto con El Sureño, informó que el Tribunal de Alzada se expidió sobre la recusación de la magistrada, pero aun falta que se pronuncie sobre el pedido de nulidad de las entrevistas realizadas a los internos y sobre la recusación planteada al Fiscal Mayor Bramati. “Después que se definan estas cuestiones esperamos que se tome declaración a las víctimas sobre todo lo que sucedió”, dijo.
El abogado cuestionó que las entrevistas iniciales a los internos Burgoa y Flores, fueron realizadas directamente por la jueza, sin participación de la defensa, lo que motivó los planteos de nulidad. También indicó que algunas declaraciones se tomaron mediante Cámara Gesell, mientras que otras manifestaciones se incorporaron en entrevistas previas sin control de las partes.
Para los abogados, existió una violación en el derecho de defensa de los imputados en la causa.
El doctor Palladino asumió la defensa de Enoc Perpetto y de su tío, Máximo Perpetto, junto al abogado Francisco Ibarra. Ambos solicitaron que el Fiscal Bramatí sea apartado de la causa, tal como lo hizo el defensor oficial Marcelo Scola, quien interviene en la causa, en representación integrantes del Servicio Penitenciario.
Cabe señalar que tras los hechos ocurridos en la Unidad de Detención de Río Grande, ocho integrantes del Servicio Penitenciario fueron apartados preventivamente de sus cargos, al quedar imputados en la causa penal que lleva adelante la jueza Cataldo. Además, existen diez internos, del Pabellón B, que quedaron implicados como autores de los actos de violencia y de vejamenes aplicados a los Burgoa (padre e hijo) y a Flores.
La magistrada solicitó a las autoridades provinciales brindar garantías para mantener la integridad física y psicológica de los tres internos que fueron sometidos a golpizas y abusos; los que se encuentran alojados en instalaciones de la ciudad de Ushuaia.
Cabe indicar que los presos atacados se negaron a hacer la denuncia, por temor a las represalías de las que pudieran ser víctimas; por lo tanto el Fiscal y el Juzgado comenzaron las actuaciones de oficio.
La jueza Cecilia Cataldo tenía previsto tomar declaración testimonial a los presos castigados, pero los peritos forenses del Poder Judicial aconsejaron no hacerlo, debido a que expresaron tener temor y no estar en condiciones de revelar los hechos sucedidos a principio de mayo.
