El Director del Servicio Penitenciario, Inspector General Ariel Ciares y otros siete integrantes de esa institución fueron apartados preventivamente de sus cargos, al quedar imputados en la causa penal que lleva adelante la jueza de Instrucción, Cecilia Cataldo, por el ataque provocado a tres internos que estaban alojados en la Unidad de Detención, hecho que sucedió el pasado 9 de mayo.
Los funcionarios del Servicio Penitenciario fueron notificados de Derechos y Garantías, tras los allanamientos realizados en sus viviendas, al haber firmes sospechas de tener algún grado de responsabilidad en haber posibilitado que los tres presos fueran víctimas de vejámenes y agresión por parte de otros internos, que igual quedaron imputados.
El viernes, durante una reunión que la Magistrada mantuvo con el jefe de Gabinete Jorge Canals; y el titular de la Secretaría de Seguridad, Gonzalo Valenzuela; se confirmó sobre el pase a disponibilidad de los integrantes del Servicio Penitenciario y, además, de los reemplazos en la jefatura: Como nuevo Director de Seguridad Zona Norte, fue designado el prefecto Walter Oscar Silva; y como Director de Unidad de Detención, al alcaide Jhonatan Almazán.
La jueza Cecilia Cataldo solicitó a las autoridades provinciales brindar garantías para mantener la integridad física y psicológica de los tres internos que fueron sometidos a golpizas y abusos; los que se encuentran alojados en instalaciones de la ciudad de Ushuaia. En los próximos días, se tomará declaración testimonial a cada uno de ellos para avanzar en la causa.
Sobre las medidas pendientes, la Magistrada ordenó levantar el secreto bancario de las cuentas bancarios de todos los funcionarios penitenciarios que están imputados, para verificar la posible existencia de un beneficio económico en la actitud verificada el día de los hechos, al liberar la zona para que otros presos puedan acceder al pabellón donde estaban las víctimas de los hechos denunciados.
En tanto, se realizan pericias en los teléfonos celulares que le fueron incautados a los penitenciarios y otros que tenían los internos. Se busca establecer la posible existencia de una asociación que brindaba protección a ciertos internos y, además, posibilitaba la circulación de sustancias estupefacientes.
