El Tribunal de Juicio en lo Criminal, de la ciudad de Ushuaia, condenó al secretario general de ATE, Carlos Córdoba y a Miguel Arana, a la pena de 5 años de prisión, de cumplimiento efectivo; al considerarlos co autores del delito de estafas, cometidos en perjuicio de 22 damnificados.
El viernes, los jueces dieron a conocer la parte resolutiva del veredicto, tras lo cual ordenaron la inmediata detención de los dos condenados, quienes fueron trasladados por personal policial hasta dependencias del Servicio Penitenciario de la Provincia.
Cordoba y Arana fueron llevados a juicio oral por 22 hechos de estafas cometidos entre diciembre de 2013 y fines de 2017; los que consistieron en la adjudicación irregular de viviendas sociales en Barrancas del Río Pipo; cuya administración había quedado bajo responsabilidad del gremio, con la finalidad de beneficiar a sus afiliados, pero quedó comprobado que algunas se comercializaron a personas que no reunían requisitos exigidos por el Instituto Provincial de la Vivienda.
Los fundamentos de la condena se conocerán el 16 de junio, fecha a partir del cual comenzará a correr el plazo para que algunas de las partes presenten recursos para la revisión de la sentencia, lo cual ya fue adelantado por la abogada defensora de Carlos Cordoba.
Antecedentes del caso
La causa investigó una serie de maniobras fraudulentas relacionadas con la adjudicación y comercialización irregular de viviendas sociales correspondientes al programa de 128 viviendas ubicado en el sector Barrancas del Río Pipo.
Durante el juicio se analizó cómo los acusados habrían obtenido beneficios económicos mediante distintas operaciones vinculadas al acceso a esas soluciones habitacionales, afectando a numerosas personas.
Por otra parte, el Tribunal absolvió a Eric Moscoso Panozo, quien había llegado a juicio acusado por el delito de lavado de activos.
En la etapa de alegatos, el fiscal Daniel Curtale había solicitado una pena de 4 años de prisión para Córdoba y Arana al considerar acreditada su participación en los hechos investigados.
Respecto de Moscoso Panozo, la Fiscalía pidió su absolución por el beneficio de la duda.
