El pasado viernes, el secretario general de ATE, Carlos Córdoba pidió ampliar su declaración indagatoria ante el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia, para exponer su versión de los hechos y hacer uso de su defensa legal. En su testimonio ratificó ser inocente.
Córdoba negó todas las acusaciones en su contra y aseguró que desde la Asociación de Trabajadores del Estado “siempre quisieron ayudar a las personas que necesitaban una vivienda”.
Con la declaración del Secretario General del gremio, el Tribunal clausuró la etapa de recepción de pruebas y dar lugar de esa manera a la etapa de alegatos, la que recién fue fijada para el miércoles 27 de mayo. Allí la fiscalía deberá exponer la acusación a los imputados y el pedido de pena; en tanto que los defensores, argumentarán sus planteos defensivas.
Carlos Córdoba y Miguel Arana, están acusados por 22 hechos relacionados con supuestas maniobras defraudatorias vinculadas al programa de 128 viviendas del sector Barrancas del Río Pipo; tuvo el viernes la última ronda de testimoniales.
A lo largo de la semana pasada declararon 24 personas, entre ellas, algunas ex autoridades del Instituto Provincial de la Vivienda, que llevó adelante la operatoria y que confío la entrega de las viviendas a la entidad sindical, en una política que buscaba favorecer a los afiliados.
La mayor cantidad de testigos que fueron convocados a declarar, respondieron a la citación que hizo la Fiscalía, y se trataban de personas que resultaron damnificadas, al haber entregado dinero o bienes, con la promesa de figurar en el listado de beneficiarios de viviendas del IPV, pero después ello no ocurría.
Los damnificados reconocieron a Miguel Aldana, como la persona con quien se entrevistaban para hacer entrega del dinero o los bienes; como así también a Daniel Belbey, quien pertenecía a la conducción del sindicato, quien a pocos días de difundirse el escándalo, apareció ahorcado afuera del Polideportivo Municipal.
Otro de los acusados es Eric Moscoso, quien no pertenecía al gremio, pero se lo vincula por haber recibido el dinero que se lograba de las ventas de las viviendas, para montar una empresa de servicios públicos. A esta persona se lo imputa por el delito de lavado de activos.
