En una decisión unánime adoptada este lunes, los integrantes del Consejo de la Magistratura ratificaron la acordada 674/25 y envió un contundente mensaje institucional al Superior Tribunal de Justicia, al instar la derogación de la acordada 24/26, mediante la cual se intentó dejar sin efecto la designación de la doctora María Elena Guerrero como jueza del Juzgado de Minoridad y Familia Nº 1 del Distrito Judicial Sur.
La reunión contó con la presencia de la jueza Edith Miriam Cristiano, presidenta del cuerpo colegiado y de los consejeros, Virgilio Juan Martínez de Sucre (Fiscal de Estado); el Ministro Jefe de Gabinete, Jorge Alberto Canals; los legisladores María Victoria Vuoto y Jorge Andrés Lechman; y los abogados Alejandro Pagano Zavalía (Ushuaia) y Horacio Marcelo Castelli (Río Grande).
Durante el encuentro, los consejeros reafirmaron las facultades constitucionales del organismo para la selección y designación de magistrados del Poder Judicial fueguino, en medio de un fuerte debate institucional generado tras la resolución firmada por los jueces Javier Muchnik, Gonzalo Sagastume y María del Carmen Battaini.
La decisión del Consejo incluyó además un emplazamiento al Superior Tribunal de Justicia para que, en un plazo de cinco días, proceda a tomar juramento a la Dra. Guerrero y formalice su incorporación al Juzgado de Familia Nº 1 de Ushuaia.
Fuentes presentes en la reunión señalaron que durante el debate se expusieron antecedentes y jurisprudencia contradictoria emanada de los propios integrantes del máximo tribunal provincial respecto del alcance institucional y las atribuciones del Consejo de la Magistratura.
En ese contexto, los consejeros remarcaron que el organismo conserva plena potestad para intervenir en los procesos de designación de magistrados.
El pronunciamiento también dejó al descubierto la tensión interna dentro del Superior Tribunal de Justicia. Un dato político e institucional relevante es que la postura ratificada por el Consejo fue impulsada por su presidenta, Edith Miriam Cristiano, quien además es integrante de la Corte, en lo que distintos sectores interpretan como una abierta diferencia con sus pares del máximo tribunal fueguino.
La resolución representa un fuerte respaldo a la designación de María Elena Guerrero y profundiza el conflicto institucional entre el Consejo de la Magistratura y parte de la conducción judicial de la provincia.
Acordada del Consejo
La acordada 692/2026 del Consejo de la Magistratura, tiene en consideración que los argumentos esgrimidos por el Superior Tribunal de Justicia en la acordada 674/25 resultan “contrarios a lo que ha establecido el Convencional Constituyente en nuestra Carta Magna conforme surge del diario de sesiones de la citada convención, como así también de la discusión parlamentaria en oportunidad de que se sancionara la Ley Provincial N° 8”.
“Que así mismo, también resulta contradictorio con lo que el propio Superior Tribunal de Justicia dijera en el expediente N° 286/94 SSA, en concordancia con la acordada N° 75/94. Por otra parte, ello fue ratificado por el propio STJ en el acuerdo de fecha 19 de octubre de 2010 (tomo LXX folio 121/29)”.
La resolución, señala:
-Ratificar en todos sus términos la Acordada 674/25.
-Solicitar la derogación dentro del plazo de 5 días de la Acordada 24/26 y proceder a la designación de la persona propuesta en la Acordada citada en el punto anterior.
