miércoles 24 de julio
de 2024

Suspenden la ley del inmobiliario urbano hasta que se expida la Corte

legisladores

La legislatura sesionó hoy y aprobó por mayoría un proyecto de ley ingresado por el legislador Ricardo Furlan mediante el cual se suspenden los efectos de la ley 1075, que derivaba el cobro del impuesto inmobiliaria urbano en la provincia de Tierra del Fuego.

El proyecto votado hoy, fue ingresado sobre tablas por el legislador del Frente para la Victoria Ricardo Furlan quien fundamentó que había una decisión política de ingresar este proyecto para suspender los efectos de la ley que disponía que el impuesto inmobiliario urbano fuera recaudado por Agencia de Recaudación Fueguina (AREF)

La ley 1075 fue  judicializada y en mayo último, el Superior Tribunal de rechazó los recursos extraordinarios federales presentados por las municipalidades de Ushuaia y Rio Grande con lo cual a esta altura, la provincia estaba facultada para cobrar dichos impuestos. El legislador Furlan indicó que había una decisión política para suspender los efectos de la ley y por ende,  el cobro de este impuesto por parte de la provincia, hasta tanto se expida sobre el tema la Corte Suprema de Justicia  de la Nación (CSJN)

El proyecto fue aprobado con los 8 votos del oficialismo del FPV PJ y en contra votaron los 4 legisladores del MPF y los 3 legisladores de la UCR, no obstante el FPV hizo valer la mayoría y la ley terminó siendo sancionada.

Los legisladores del MPF Pablo Villegas y  Mónica Urquiza cuestionaron duramente al oficialismo por dejar sin efecto dicha norma, más allá de que ellos, cuando fue sancionada en su momento no acompañaron, considerando que el impuesto inmobiliario y su cobro es potestad de los municipios percibirlo.

En 2016 la Legislatura aprobó por mayoría un nuevo código fiscal en el cual dispuso que la Provincia retomara su atribución respecto de la determinación y percepción del Inmobiliario Urbano, que desde la época del Territorio estaba delegada en los Municipios.

Para no perjudicar las arcas municipales, la ley estableció  un régimen de coparticipación y fijó las alícuotas correspondientes.

Con esta decisión la aplicación de la medida quedó en suspenso hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nacion se expida sobre los recursos de queja interpuestos por los municipios de Río Grande y Ushuaia tras el rechazo de los recursos extraordinarios federales.