Condenas de entre 5 y 12 años de prisión pidió la querella para tres hombres acusados de conformar una red de trata de personas en la Ciudad de Ushuaia, en el juicio oral y público en el que por primera vez en el país, una víctima es acusadora de sus captores.
La causa se inició a raíz de la declaración formulada por Alika Kinan, una víctima en la provincia de Tucumán, el 19 de noviembre de 2011, en la que dijo que había estado en un prostíbulo en Tierra del Fuego, donde había sido explotada.
El pedido del fiscal general del distrito, Adrián García Lois y del titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) Marcelo Colombo, quien viajó especialmente a la capital fueguina para participar del proceso, se conoció este viernes cerca de la medianoche, después de un alegato de tres horas realizado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego.
Los representantes del Ministerio Público pidieron una pena de 12 años de cárcel para Pedro Montoya, el dueño del local nocturno “Sheik” donde se realizó el operativo que concluyó con el rescate de siete mujeres, el 9 de octubre de 2012.
En tanto, solicitaron una condena de 9 años de prisión para la esposa y copropietaria del lugar, Claudia García, y de 5 años de prisión para Lucy Alberca Campos, quien se desempeñaba como encargada del negocio.
Los abogados que representan a Alika Kinan, la víctima convertida en querellante y en una conocida activista de los derechos de género, habían requerido antes una condena de 8 años para Montoya, 6 para García y 4 para Campos.
Además, la querella exigió una condena civil de 2.365.067 pesos contra los tres enjuiciados y en forma solidaria contra la Municipalidad de Ushuaia a la que se consideró responsable de haber “facilitado” y “legalizado” la situación de trata.
Las audiencias se desarrollan a sala llena, producto del acompañamiento que está recibiendo Kinan por parte de representantes de organizaciones feministas y sindicales.
Los acusadores detallaron que en el local nocturno funcionaba un régimen de “copas y pases” (como llaman en la jerga a las relaciones sexuales), con “pulseras metálicas para contabilizar la cantidad que se realizaban por noche”, con “un timbre que conectaba la barra del local con las habitaciones posteriores” y con “papeles de colores” que indican el tipo de servicio contratado.
También relataron cómo las mujeres fueron captadas aprovechándose de su situación de “vulnerabilidad social” y cómo fueron sometidas a condiciones de esclavitud, obligadas a vivir en cuartos “con olores nauseabundos”, a limpiar “ellas mismas las paredes de semen y de sangre” y a “mantener relaciones sexuales aun cuando estaban indispuestas”.
Los alegatos hicieron hincapié en el sistema de “endeudamiento” en el que recurrían las víctimas, quienes debían devolver el importe del pasaje que las llevó al lugar, el trámite de la libreta sanitaria y la ropa y los perfumes que compraban para trabajar, además de ser sometidas a un régimen de “multas” por incumplimientos que los propios tratantes imponían.
La querella se refirió a los “daños físicos y psíquicos” soportados por las mujeres, quienes contrajeron enfermedades venéreas, recibieron lesiones, y aun hoy sufren trastornos de sueño y pesadillas.
“Se ha degradado su erotismo y su capacidad de dar y recibir afecto, produciéndoles un intenso malestar emocional, pero sobre todas las cosas se les arruinó la posibilidad de tener otros proyectos de vida”, dijeron los letrados en el alegato.
