El secretario de Industria de la Nación, Fernando Grasso, defendió los alcances del decreto 864/18 y afirmó que “el decreto reduce aranceles para componentes electrónicos básicos que no se producen en la Argentina y que favorecen los procesos de inversión, la innovación y la competitividad de toda la economía, incluidos muchos sectores industriales”.
El comunicado sostiene que los productos alcanzados por la medida son de uso transversal en diversas actividades generadoras de valor y es compatible con el normal desarrollo de las actividades y producciones que actualmente se realizan en Tierra del Fuego, en el marco del régimen de promoción, que incluye beneficios más amplios que la baja de aranceles a la importación de componentes. A su vez, los utilizados principalmente en la producción fueguina, no forman parte de este decreto o su incidencia es marginal.
Mejora de competitividad
Grasso sostuvo que “venimos trabajando junto con el gobierno provincial y el sector privado y sindical en una agenda de mejora de la productividad y competitividad de la industria fueguina tras el acuerdo sectorial firmado a fines del año pasado, y hemos logrado avances importantes. Por supuesto aún tenemos desafíos por delante, que abordaremos como lo venimos haciendo a partir del diálogo y la búsqueda de una agenda productiva, que atienda las sensibilidades que existen en los diversos planos de la producción”.
Entre los avances logrados tras la firma del acuerdo para la mejora de la competitividad de la industria electrónica que se firmó a fines del año pasado, se destacan una serie de medidas como la baja de los costos aduaneros y de transporte marítimo, la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), el plan de mejora de la seguridad de las rutas, la realización de un conjunto de acciones para favorecer el consumo y el combate al contrabando.
Las medidas
En marzo, mediante un decreto presidencial, el gobierno bajó de 5 a 2 años el período que debe transcurrir para la modificación de los procesos productivos previstos en el régimen de promoción industrial, con el objetivo de favorecer la actualización tecnológica y adecuar los procesos productivos a estándares internacionales para reducir los costos.
Por otro lado, en junio, mediante una resolución de la Secretaría de Industria de la Nación, estableció los criterios que establecen la existencia de una “transformación sustancial” de productos obtenidos a partir de recursos originarios de la isla con una participación de insumos importados, de manera que puedan acceder a los beneficios del régimen de promoción industrial. Tal es el caso de los muebles de madera de lenga fueguina o la industrialización de recursos hidrocarburíferos.
Con esta normativa, el gobierno nacional busca incentivar una mayor agregación de valor a los recursos naturales de la provincia, con mayores encadenamientos productivos, y la radicación de inversiones en sectores sustentables vinculados a la pesca, la industrialización de la madera y el gas, principalmente orientado a la petroquímica.