La gobernadora Rosana Bertone emitió el decreto por el cual se rechazaron los recursos de reconsideración de los docentes Horacio Catena y de Verónica Vanesa Alfonzo, dos de los diecisiete docentes que apelaron -en forma extemporánea- la sanción administrativa dispuesta por la gobernadora Fabiana Ríos al finalizar su mandato, respecto de la toma de Casa de Gobierno en 2013.

Más allá de que la condena judicial alcanzó solo a una parte de estos docentes, las sanciones administrativas en el marco del sumario tienen un espectro diferente y en este caso se terminó de resolver la situación de los 17 encartados.

De esta forma la gobernadora Rosana Bertone con respaldo de un dictamen de la secretaría Legal y Técnica emitió un nuevo decreto ratificando lo actuado por Ríos y desestimando tanto los recursos de reconsideración de los dos docentes mencionados –Catena y Alfonzo- así como las apelaciones administrativas del resto de los docentes sumariados.

El dictamen asegura que mas allá de que se haya probado, o no, la comisión de delitos por parte de algunos de ellos, su conducta contradijo lo estipulado en la ley 22.140 del personal de la Administración Pública “observar en el servicio y fuera de él, una conducta correcta, digna y decorosa, acorde con su jerarquía y función”.

El decreto estima en relación a lo sucedido en la toma de Casa de Gobierno, donde fueron agredidos efectivos policiales, “cuando suceden hechos de violencia que transgreden los derechos de los demás, emergen responsabilidades en el orden administrativo, susceptibles de sanción disciplinaria que desalienten en el futuro este tipo de conductas”.

En tren de esta situación es que se rechazaron los recursos de reconsideración de Horacio Gustavo Catena y Vanesa Alfonzo, decretándose asimismo la exoneración también de los agentes docentes José Antonio Martínez, Gastón Héctor Luis Benítez, Horacio Oscar Solis, Alejandro Daniel Gómez, Marcos Donato Ferreyra, Héctor Horacio Muñóz, René Osvaldo Massa, Raúl Amado Arce, Christian Adolfo Schnack, Carlos Hugo Díaz, Marcelo Waldino Villada, Víctor Alejandro Marín, Juan Ferreyra, Juan Manuel González y Marcelo Humberto Bonadies.

La sanción impuesta queda supeditada al trámite judicial que ahora se inicia de exclusión de la tutela sindical de los encartados, a fin de proceder a su desplazamiento definitivo de la órbita laboral del Estado Provincial.