La medida alcanza a las autoridades de la Municipalidad, Concejo Deliberante, Juzgado de Faltas y Tribunal de Cuentas. De comprobarse la adicción a sustancias ilícitas, serán removidos de sus cargos. El proyecto sancionado establece la adhesión a la Ley Provincial 1233, por la cual se sanciona con la remoción del cargo a aquellos funcionarios que tengan problema de adicción en el consumo de estupefacientes.
La norma alcanza el Intendente; Secretarios y Subsecretarios; Directores generales; todos los cargos políticos creados por Carta Orgánica Municipal; Juez; Secretario y Prosecretario de Faltas. Vocales; Fiscales y Relatores del Tribunal de Cuentas. Concejales; Secretario Administrativos y Legislativo y Asesores Legislativos.
El proyecto indica que la autoridad de aplicación será la Secretaría de Salud del Municipio de Río Grande o la Secretaria que en el futuro la reemplace. En tanto que el Poder Legislativo Municipal y Tribunal de Cuentas Municipal, determinarán quién efectuará el procedimiento”. Además se establece que “los funcionarios se realizarán el examen de acuerdo al orden establecido por mecanismo de sorteo público”.
El asunto fue ampliamente debatido en el recinto de sesiones, el pasado viernes, al existir una iniciativa que fue presentada por el concejal radical Paulino Rossi que contaba con el acompañamiento del presidente del cuerpo legislativo, Alejandro Nogar; y había otras que fue promovida por las concejales María Eugenia Duré, Verónica González; Miriam Mora; Laura Colazo y Raúl von der Thusen.
