La condena de 7 años de cárcel recaída sobre Víctor Morales, expropietario del local nocturno Black & White, en Ushuaia, se transformó en la sentencia 123 que se dicta en el país desde la sanción de la Ley 26.364 (de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas). Así se desprende de un informe de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).
El informe de la Procuración, que abarca el período comprendido desde 2009 a 2014, precisa que sólo el 13 por ciento de 122 sentencias fueron absolutorias. La justicia federal de Mar del Plata es la que más condenas dictó, con un total de 14, lo que representa un poco más del 13 por ciento de las 106 contabilizadas a nivel nacional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró dos sentencias condenatorias y Corrientes, una. En total, en el país, estos juicios involucraron a 220 imputados y 565 víctimas.
Sobe el perfil de los imputados, de las 220 personas condenadas, un 63 por ciento son varones, y un 37 por ciento, mujeres. “Se trata de un porcentaje de mujeres condenadas más alto que el promedio general para todos los delitos, si contemplamos que la población carcelaria total está compuesta por un 96 por ciento de varones y un 4 por ciento de mujeres”, advierte el análisis
Con relación a la nacionalidad de los imputados, la mayor parte es argentina (147), de origen boliviano (35), paraguayo (25) y, en menor cantidad, personas de nacionalidad dominicana (6) y chilena (2).
Sobre el perfil de las víctimas; el 80 por ciento de las víctimas de trata de personas son mujeres. De acuerdo a las bases de datos utilizadas, la mayoría de las víctimas son extranjeras: de las 492 víctimas cuya nacionalidad fue mencionada en la sentencia, 215 son de origen boliviano; 128, paraguayo; 122 son argentinas –en su mayoría, de provincias del interior–; de República Dominicana, 24; y de Brasil; tres.