El doctor Gustavo Ariznabarreta fue convocado esta vez por padres de niños del Jardín 8 de Ushuaia que hace un mes no tienen actividades. Si bien se aguardaba que se realicen arreglos durante el receso de invierno, los trabajos no se realizaron, y ahora se intima al Ministerio de Educación. “Esperamos que no sea necesario llegar a una acción judicial que obligue al Estado provincial a garantizar las actividades escolares”, dijo el Defensor de Menores.
Padres nuevamente recurren a la justicia porque sus hijos no tienen clases y el Ministerio de Educación no les brinda soluciones. En este caso un grupo de padres de niños que asisten al Jardín 8 de Ushuaia, solicitaron la intervención del doctor Gustavo Ariznabarreta, Defensor de Menores, ya que sus hijos no tienen clases desde el 7 de junio.
“Vinieron explicando una situación compleja que se da en el marco del funcionamiento del Jardín 8 desde el 7 de junio, donde se tenía la expectativa que se iba a resolver en las vacaciones de invierno, no se solucionó y el problema que se avizoró y se confirmó ayer en la reunión que mantuvieron con la ministro de Educación (Sandra Molina) es que no hay un plazo concreto de certeza respecto de cuándo estaría solucionado ese problema”, explicó el asesor de menores en Radio Nacional Ushuaia.
Además adelantó que “hoy se realizará otra reunión donde la ministro podría precisar con mayor grado de certezas si hay alguna solución en el corto plazo. La circunstancia es bastante complicado y la idea de los padres es evitar la vía judicial y que esto se solucione por los carriles normales”.
Los padres actúan como responsables de chicos que tienen restringido el derecho a la educación de parte del Estado. “Es un derecho constitucional, y querían saber cuál es el alcance de sus derechos y de qué manera reclamar. Eso fue lo que se hizo formalmente ayer en la reunión, y desde mi lugar como asesor de menores hice un pedido de información al Ministerio de Educación a los fines de que explique qué es lo que está pasando y cuándo se va a solucionar”, agregó.
En este orden el abogado señaló que “todavía no tenemos respuesta, pero tengo expectativas de que en la reunión de hoy entre padres y autoridades se cuente con un panorama más claro y que no sea necesario llegar a una acción judicial que obligue al Estado provincial a garantizar las actividades escolares”.
Finalmente dijo que “es una situación similar, aunque de menor magnitud, a lo que ocurrió en su momento con el Colegio José Martí, donde el Estado debió garantizar el servicio educativo de otra manera, no pudiendo hacerlo en el edificio original, resolviendolo de otra forma”.
