El Tribunal de Juicio de Río Grande declaró que Daniel Saromé es un individio peligroso para sí mismo y para terceros, por lo que deberá contar con un tratamiento especial de salud mental, del cual el Estado se deberá hacer cargo.
Este lunes, en una nueva jornada del juicio oral y público a Saromé, se hicieron presentes ante el Tribunal Oral el ministro Jefe de Gabinete, Leonardo Ariel Gorbacz y el director provincial de Salud Mental y Adicciones, Santiago Rossetto; a quienes se les solicitó que lleven adelante las medidas tendientes a dar asistencia correcta al acusado, como paciente de salud mental.
Previamente, el presidente del Tribunal de Juicio en lo Criminal, Doctor Juan José Varela explicó que luego de transcurrir la etapa de prueba y alegatos y en virtud de los diagnósticos efectuados por los médicos forenses especializados en psiquiatría se determinó que Daniel Saromé padece de una alteración morbosa de sus facultades mentales, y que representa un peligro para sí y para terceros.
Indicó que ante la falta de institutos en Río Grande que brinden el tratamiento adecuado para este tipo de patologías, es que se debió recurrir al Poder Ejecutivo Provincial a fin de determinar los recursos disponibles para otorgar tratamiento a Daniel Alfredo Saromé.
Frente a los jueces que componen el Tribunal, el Jefe de Gabinete Leonardo Ariel Gorbacz informó que “una vez que una persona es declarada inimputable rige la Ley de Salud Mental N° 26657, la cual establece la protección del derecho a salud mental de todas las personas que viven en el país” y precisó que “el objetivo de la ley es la inclusión social de la persona y se requiere de un trabajo integral que involucra al sistema sanitario y al resto de los dispositivos que tiene el Estado”.
Ahora, un equipo de profesionales de Salud Mental Provincial evaluarán a Daniel Alfredo Saromé, ya que el ministro Gorbacz dijo que “en el caso puntual de Daniel Saromé, deberíamos tener una nueva evaluación de un equipo Ad hoc y luego de eso se podría determinar el tipo de tratamiento que necesita, y si requiere de un control judicial, hacerlo a través del juzgado que corresponde”.
El equipo de salud mental que deberá llevar a cabo la evaluación y estar integrado por profesionales psicólogos, trabajador social, psiquiatra y terapista ocupacional, tendrá plazo hasta el jueves 6 de octubre, para presentar ante los jueces el informe correspondiente.
