lunes 20 de mayo
de 2024

Creación de un centro de educación permanente para jóvenes y adultos con discapacidad

discapacitados

Con la firma del Decreto Provincial 1852/15; el Poder Ejecutivo Provincial creó el Centro de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos con Discapacidad, con la finalidad de procurar la formación de jóvenes y adultos con discapacidad a partir de los 17 años de edad, especialmente a aquellos con necesidades educativas múltiples derivadas de una discapacidad y/o multidiscapacidad, que hayan tenido a lo largo de su trayectoria escolar abordajes pedagógicos complejos, proyectos escolares específicos e individuales y/o atención personalizada.

La creación de este nuevo espacio en el Ministerio de Educación, busca llenar la grave falencia que existe en la contención de estudiantes con capacidades diferentes y que tuvo como caso testigo el hecho ocurrido en la Escuela Ramón Trejo Noel, en la localidad de Tolhuin, donde un adolescente con síndrome de down sufrió la discriminación del cuerpo docente y directivos.

El hecho de Tolhuin, derivó en un recurso de amparo, impulsado por los padres del alumno, que motivó una sentencia de la Jueza Silvia Herráez (titular del Juzgado Civil), con la condena a la ministra de Educación, Sandra Molina, a quien se la obligó a adoptar medidas conducentes para terminar con actos que perjudicaban el desarrollo educativo del joven.

En el Decreto se específica que el Centro tendrá su sede en Río Grande y dependerá directamente del Ministerio de Educación de la Provincia. El mismo funcionará bajo la modalidad especial y tendrá como objetivo garantizar la Educación Permanente a lo largo de la vida, para las personas con discapacidad.

Con la creación de este nuevo espacio, el Ministerio de Educación estará obligado a establecer contenidos de la educación integral para jóvenes y adultos con discapacidad, garantizando la igualdad de oportunidades educativas, promoviendo acciones tendientes a la inclusión social de los estudiantes a efectos de contribuir al desarrollo de competencias personales para la autonomía, y destrezas en ocupaciones productivas y recreativas, que posicionen a la persona adulta con discapacidad como sujeto de derecho a fin propender a su inclusión social.