sábado 2 de marzo
de 2024

Anularon el procesamiento a una joven que se había practicado un aborto

juzgado 2 ushuaia

La Sala Penal de la Cámara de Apelaciones declaró nulo el procesamiento dictado contra una joven que se practicó un aborto. En la causa hubo un requerimiento fiscal por un delito de hurto y no de aborto; por lo que el Tribunal objetó que la juez María Cristina Barrionuevo haya actuado de oficio para procesar a la joven por la interrupción de su embarazo.

El área legal de la asociación civil feminista “La Hoguera”, informó sobre la situación de Ramona, una joven de 22 años que fue procesada por el presunto delito de aborto por la juez María Cristina Barrionuevo, a cargo del Juzgado de Instrucción 1 de Ushuaia. La magistrada además de procesar a Ramona, solicitó un embargo sobre sus bienes por 100 mil pesos.

Su defensa, a cargo del área legal de La Hoguera, presentó una serie de nulidades sobre el proceso que fueron aceptadas por la Cámara de Apelaciones Sala Penal, compuesta por los jueces Josefa Hayde Martín, Jorge Luis Jofré y Walter Tabarez Guerrero.

La defensa encarada por La Organización Feminista, también planteó que la situación de Ramona encuadraba en una interrupción legal del embarazo, a la que no accedió y fue finalmente procesada. A raíz de esta situación es que se presentó el Centro de Estudios Legales y Sociales como amicus curiae, aportando elementos a la Cámara con relación a la criminalización de la emergencia obstétrica que se dio en el caso.

Los integrantes de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones, tuvieron por presentado al organismo de derechos humanos, teniendo en cuenta la importancia de sus aportes para la solución del caso, y resolvieron nulificar casi toda la investigación relacionada con la actuación de la Jueza de Instrucción, afirmando que la misma se extralimitó en sus funciones al ordenar una investigación sobre el delito de aborto que no era el denunciado inicialmente.

En el caso no existía requerimiento fiscal para llevar adelante la investigación por aborto ordenada por la juez Barrionuevo y un juez no puede actuar de oficio sin que esto constituya una violación de la garantía de imparcialidad. Esta decisión de la Cámara, no sólo deja sin efecto el procesamiento de Ramona, también termina con el embargo, cuyo único fin era aleccionador, ya que el valor del medicamento presuntamente robado gira alrededor de los mil pesos.

Esto tiene sustento en la doctrina de “los frutos del árbol envenenado”, que básicamente dice que las pruebas de un delito obtenidas de manera ilícita, no podrán utilizarse posteriormente en un proceso judicial en contra de cualquier persona.